El que persevera vence. Sin embargo, este no fue el caso del vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, quien telefoneó por segunda vez, la noche de este jueves 21 de enero, al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, para invitar a la comisión parlamentaria que evalúa el Decreto de Emergencia Económica a Miraflores, donde los ministros del área comparecerían, a puerta cerrada y sin medios.

Allup, como vocero de la bancada parlamentaria de la Unidad que tiene mayoría en la AN, se negó y explicó que acordaron dar punto y final al Decreto este viernes 22 de enero en la sesión parlamentaria convocada para las 10 am.

Más temprano, Istúriz discó el número del Presidente del Parlamento para anunciar que el gabinete económico no asistiría a la comparecencia que tenían pautada este jueves 21 de enero a las 5 pm en el Palacio Federal Legislativo. No quisieron ser retratados en medios de comunicación mientras comparecían.

Entrevistado en CNN, el Presidente del Parlamento explicó que inclusive propusieron dejar algunos puntos para discutirlos en privado, pero aun así, el Gobierno decidió faltar al encuentro.

“Lo más grave es que después que el Presidente comprometió a los Ministros en su Memoria y Cuenta hoy no fueron”.

El dirigente de Acción Democrática descartó que haya consecuencias contra el gabinete económico, porque argumentó que para ello deben desacatar tres convocatorias. “No hay tiempo para más convocatorias, acordamos que mañana hay un pronunciamiento parlamentario tras el debate”,

“Sería irresponsable de la AN aprobar un decreto de esa magnitud a ciegas por renuencia del Gobierno de dar información”, dijo Ramos Allup quien sostuvo que la comisión no tiene argumentos ni detalles macroeconómicos que le permitan mirar con buenos ojos el Decreto.

“Con qué información votamos sí. Qué argumentos tiene el Gobierno para defender el Decreto si no pueden dar detalles de la economía del país”.

Como punto y aparte en esta entrevista, el Diputado adelantó que la comisión especial de la Amnistía está evaluando varios proyectos, sintetizándolos y recibiendo asesoría de expertos para presentar el proyecto de ley en un plazo máximo de dos semanas.

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