El canciller del Gobierno de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, aseguró este miércoles en una rueda de prensa que no se puede hacer un informe de derechos humanos sobre Venezuela cuando no se realiza un tratamiento riguroso y existe un sesgo político.
“Ninguna instancia de la ONU ha votado por la aprobación de ese escrito, que realizaron expertos privados. Todo esto forma parte de una guerra no convencional contra el país”, dijo Arreaza en respuesta a la presentación del informe de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos en Venezuela, que asegura que existen motivos para creer que la violación de derechos humanos es sistemática y forma parte de una política de Estado.
Arreaza agregó que la resolución, presentada este miércoles en la sede del Consejo Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, es un documento financiado por los países que integran el Grupo de Lima y que su intención es desestabilizar las elecciones parlamentarias, pautadas para el 6 de diciembre de este año.
El canciller del Gobierno de Maduro presentó, junto con el fiscal general designado por la asamblea constituyente, Tarek William Saab, el informe “Verdad contra la infamia”, que detalla cómo sería el tratamiento de los casos de derechos humanos en Venezuela. “El gobierno venezolano ha trabajado de la mano con la oficina de la Alta Comisionada de DDHH de la ONU, Michelle Bachelet. No podemos permitir que se siga haciendo política con los derechos humanos”, resaltó.
Saab, por su parte, criticó la posición de la Misión Independiente sobre Venezuela por presuntamente no tener sustento en los casos presentados en el escrito.
“Es muy fácil escribir un informe basándose en lo que dicen las redes sociales y los portales de información. Esto lo que busca es dinamitar el trabajo que hemos realizado en materia de DDHH”, dijo el fiscal.
Este miércoles, la presidenta de la misión de observación sobre los hechos en Venezuela, Marta Valiñas, reiteró que autoridades de alto nivel de los cuerpos de Seguridad del Estado, servicios de inteligencia y del propio gobierno de Nicolás Maduro podrían estar vinculados con crímenes de lesa humanidad.