Asamblea Nacional autoriza creación del Observatorio para el Fraude Electoral
La plenaria de la Asamblea Nacional (AN) aprobó este martes 20 de octubre la creación del Observatorio para el Fraude Electoral.

 La plenaria de la Asamblea Nacional (AN) aprobó este martes 20 de octubre la creación del llamado Observatorio para el Fraude Electoral. El objetivo será constatar las irregularidades y violaciones de derechos políticos durante el evento comicial del 6 de diciembre.

El anuncio se hizo durante un punto de información previo a la sesión ordinaria en línea, presidida por el primer vicepresidente, Juan Pablo Guanipa. Se indicó que dicho observatorio estará conformado por cinco diputados y cuatro miembros de la sociedad civil, próximos a ser designados.

 “El observatorio para el fraude electoral de los comicios parlamentarios organizados por el régimen usurpador de Nicolás Maduro, será un espacio de encuentro entre la Asamblea Nacional y la sociedad civil, que tendrá por objeto verificar la violación de derechos políticos en Venezuela”, reza el acuerdo.

Funciones

 Las funciones específicas autorizadas por la AN son:

1) Recopilar y sistematizar todas la violaciones de las leyes electorales y la Constitución de manera que sea accesible para la comunidad nacional e internacional, y que sirva de referencia para establecer la responsabilidad de dichas violaciones.

2) Presentar a la opinión pública nacional e internacional toda la información sobre la violación de los derechos políticos y el secuestro del voto libre como mecanismos para reinstitucionalización del país.

3) Trabajar de manera activa en la búsqueda de soluciones a la crisis institucional y la generación de mecanismos para buscar el efectivo ejercicio del voto libre en Venezuela.

 El 4 de agosto, el Parlamento ratificó el acuerdo unitario suscrito entre 27 partidos de oposición, con el que se anunció formalmente la decisión de no acudir a las elecciones parlamentarias. Entre otras razones, alegan la designación del Consejo Nacional Electoral (CNE) por parte del Tribunal Supremo de Justicia, siendo competencia de la AN y la intervención judicial de partidos políticos como Acción Democrática (AD) y Voluntad Popular (VP).