Rechazo. La plenaria de la Asamblea Nacional (AN) aprobó este martes un acuerdo en repudio a lo que se calificó como “trato vejatorio, discriminatorio e inhumano” contra los migrantes que retornan por la frontera venezolana, por parte del régimen de Maduro. Los diputados condenaron que ante el aumento de las cifras del COVID-19 se trate a los connacionales como “armas biológicas”, luego de que el mismo Ejecutivo los animara a regresar en medio de la pandemia.
Maduro ordenó restringir desde el lunes 8 de junio el paso de migrantes por la frontera con Colombia, de 900 personas por día a únicamente 300 y solo durante tres días a la semana. En la AN se denunció que incluso existe amenaza de cierre del puente internacional Simón Bolívar.
“Hoy desde la legítima Asamblea Nacional nos toca alzar la voz por el trato vejatorio, discriminatorio, cruel e inhumano que el régimen está haciendo contra nuestros hermanos migrantes allá en la frontera y que intentan regresar al país, cuando llegan a la zona limítrofe quiere impedirles el acceso”, expresó el diputado Carlos Valero (UNT).
De los casos que el gobierno de Maduro reporta a diario siempre se destaca la procedencia de los contagiados venezolanos de países vecinos como Brasil y Colombia, por representar el mayor número de casos. Este 8 de junio se reportaron 96 casos confirmados de COVID-19 en Venezuela, de los cuales 90 llegaron desde Colombia.
Peligro por grupos irregulares
Valero, miembro de la Comisión de Política Exterior, acusó el gobierno chavista de hacerle pagar a los migrantes retornados por ña frontera su incompetencia e incapacidad para resolver la situación de las personas que están regresando al quedarse sin empleo y sin sustento, producto de la cuarentena. Alertó que dejar varados sin refugio ni atención a las personas en la zona limítrofe los expone a ser víctimas de grupos irregulares. Señaló además que la medida alienta las entradas ilegales por las trochas, sin supervisión por el virus.
Valero aseguró que parte de la crisis en la frontera deriva de la centralización de las pruebas PCR para descartar el Covid-19 en las personas que entran al país. Explicó que como el régimen no permite que laboratorios privados hagan la prueba y las personas deben esperar hasta ocho días en los centros de hacinamiento en el Táchira para conocer el resultado y seguir el camino hacia sus hogares. Indicó que se dejó de confiar en las pruebas rápidas para permitir el ingreso de los venezolanos porque arrojan falsos positivos o negativos de contagio.
Se violan derechos humanos
En el texto del acuerdo se advirtió que al impedir la entrada de los venezolanos a territorio nacional se viola la Constitución Nacional que establece que para el ingreso no se requieren más limitaciones que la exigencia de la cédula de identidad. Así mismo, se incumple el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que consagra la libertad de movimiento de cualquier ciudadano en su país natal.
Se resaltó además que se deben adoptar las medidas necesarias para evitar la propagación del COVID-19 en el país, pero no impedir el ingreso.
Se recordó igualmente al régimen madurista que es el único responsable del éxodo masivo de más de 5 millones de venezolanos que desde 2014 huyen de la emergencia humanitaria compleja, producto de sus malas políticas.
“Maduro no puede estar jugando con la vida de los venezolanos, por lo tanto, tienen que abrir la frontera y asumir puntos de controles sanitarios. Que estos no sean puntos de control de militares queriendo cobrar vacuna para permitir que pasajeros suban a los autobuses y de esa manera, puedan llegar a los diferentes puntos del país”, cuestionó el diputado Ivlev Silva (AD).
Irregularidades en suministro de gasolina
En la sesión virtual se presentó un informe especial de conflictividad social e irregularidades a siete días del racionamiento y dolarización de la gasolina procedente de Irán. Desde el 1 de junio el gobierno madurista aplica un esquema de distribución que implicó el aumento del combustible a 5.000 bolívares el litro como precio subsidiado y a 0,50 centavos de dólar como tarifa internacional.
También se estableció un límite mensual de 120 litros para vehículos y 60 para motos para el precio subsidiado, quienes necesiten más deben surtir a precio internacional en estaciones de combustible manejadas por privados autorizados por el Gobierno.
En el informe se reportaron 33 irregularidades en el despacho del combustible en todo el país. Se señala discriminación en la distribución en once estados e Incumplimiento del subsidio anunciado en cinco entidades. Se denunció además que en nueve estados hubo colas de más de 24 horas para llenar el tanque.
En la presentación se alertó igualmente sobre dos muertes y robos en medio de colas para surtir gasolina en dos estados.
“Del 1 al 7 de junio solo 820 bombas vendieron gasolina subsidiada, es decir 60% de las un mil 368. El resto, 548, lo hizo de manera intermitente o sencillamente no vendieron gasolina. A partir del 3 de junio el racionamiento de acentuó y solo vendieron 20 litros por vehículos. El número de vehículos por cola hasta el 6 de junio fue de un promedio de 700 carros, el tiempo en las colas promedio para la gasolina subsidiada fue entre 5 a 18 de horas”, indicó el diputado José Guerra.