Mientras la Constitución de 1999 busca la aplicación de penas no privativas de libertad, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sugiere aumentar la pena máxima de 30 a 50 años. Para el abogado penalista Alberto Arteaga, la propuesta del TSJ se presta para ser utilizada como un arma intimidatoria y de retaliación.
Señala que las altas penas de privativas de libertad no resuelven los problemas de seguridad y de violencia que existen en Venezuela.
“La importancia de todo esto no está en la cuantía de la pena, el problema en el sistema de justicia venezolano está en la certeza de la aplicación de la pena“, dice Arteaga, quien considera que actualmente es muy baja frente al alto porcentaje de impunidad existente en el país.
El abogado advierte que “esta medida puede tener una acogida en la población dada la situación de inseguridad y de violencia que estamos viviendo”. Considera que lo que hay que hacer es desarrollar aspectos de prevención del delito y una adecuada represión apegada al respecto de los derechos humanos.
Arteaga explica que los estudios en materia penal actualmente están dirigidos hacia fórmulas alternativas de aplicación de la pena, en las que se plantea incluso la reducción de las medidas privativas de libertad a no más de 15 años. En este sentido, la propuesta del TSJ de incrementar el castigo máximo iría en contra del espíritu que va orientando la acción penal en el mundo.
Asegura que la Constitución del 99, gracias al aporte de autoridades en materia penal como Elio Gómez Grillo, recoge ese espíritu alternativo en su artículo 272, donde se establece que “las fórmulas de cumplimiento de penas no privativas de la libertad se aplicarán con preferencia a las medidas de naturaleza reclusoria”.
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