Los juristas Alberto Arteaga Sánchez y Juan Manuel Raffalli coinciden en que las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que “de facto” despojan a la Asamblea Nacional (AN) de sus competencias, constituyen “falta grave” y que los funcionarios y magistrados implicados en las mismas deben asumir su reponsabilidad “con nombres y apellidos”. Así lo señalaron en la mañana del martes en el programa radial del periodista César Miguel Rondón.
Para Raffalli hay funcionarios en ejercicio del cargo que tienen una identidad propia y que en todos los mecanismos de denuncia que ha activado la AN tienen que figurar claramente porque si no se incurriría en “defecto de forma”.
Por su parte el jurista, especialista en derecho penal y profesor universitario Alberto Arteaga, señaló que los autores de las mencionadas sentencias de la Sala Constitucional, “deben saber que la colectividad está pendiente de sus nombres y apellidos porque muchos magistrados y muchos funcionarios se amparan en algo terrible que ocurre en Venezuela, en una enfermedad social de las más graves que tenemos, y es la enfermedad de la impunidad“.
Agrega Arteaga que “Hay que señalar a esos responsables de esos desafueros, a esos que incurrieron no solo en la grave decisión 155 y 156 de atropello, de violación flagrante a la Constitución, sino en el otro disparate, el otro exabrupto de pretender aclarar lo que no podía ser aclarado y en definitiva reconocer las violaciones en las que habían incurrido y ahora no hallan qué hacer porque el derecho tiene un sentido, tiene una lógica, y evidentemente esto no tiene nada que ver ni con el derecho ni con la justicia”.
Sobre el pronunciamiento efectuado el martes por parte del Defensor del Pueblo Venezolano, Tarek William Saab, Raffalli aclara que “eso no basta en relación con el proceso de destitución de los magistrados para dar respuesta a la solicitud de falta grave que hizo la Asamblea Nacional a finales de la semana pasada.
“La respuesta”, dijo Raffalli, “no puede estar en un comunicado público de uno solo de los órganos que integran el poder ciudadano sino que tiene que haber un acto administrativo formal con una repuesta motivada donde expliquen, ya razonadamente, por qué a, decir del Defensor del pueblo, que no pareciera que defiende al pueblo, Venezuela no está en una situación de irregularidad constitucional como el mundo entero lo ha venido diciendo”.
Raffalli explica que a su juicio las aclaratorias de las sentencias 155 y 156 no existen pues la página web del TSJ, donde en determinado momento salió una pequeña ficha, está caída desde el sábado, y si alguien va al archivo de la sala constitucional no le prestan el expediente.
“En consecuencia no hay manera de que nos enteremos sobre lo que supuestamente dicen esas aclaratorias. Y yo tengo la impresión de que el problema está en que esas aclaratorias tienen que ser motivadas y razonadas. ¿Y cómo haces tú para explicar lo que pasó sin admitir que incurriste en una falta grave?”, se interroga el abogado.
Para Raffalli la manera en que se ha tratado de corregir esto no hace sino ratificar los vicios en que se incurrieron cuando se dictaron estos dos fallos y todos los fallos previos que fueron citados en esta misma sentencia para darle soporte a lo que es “una agresión reiterada” contra las competencias de la AN.
“Yo haría las aclaratorias y acto seguido presentaría mi renuncia. Ningún tribunal constitucional del mundo tiene que aclarar una posición dudosa sobre el orden constitucional generado por ellos mismos y si lo hicieran se van, es un contrasentido. ¿Cómo los garantes de la constitución atentan contra la Constitución, tratan de corregirla de esta manera chimba y siguen en el cargo, qué es eso?”, se pregunta Raffalli.
El abogado considera que en Venezuela una condición de inestabilidad política y de crisis social, que se retroalimentan, “entonces hay que entender que estamos social y económicamente muy mal porque la institucionalidad que representa el estado no está cumpliendo su finalidad esencial prevista en la Constitución porque hay un mal manejo de la función pública no solo en su desempeño en cuanto a las ineficiencias sino también en cuanto a los valores democráticos que como República nos hemos dado desde hace muchos años.
Destacó la movilización del martes señalando que “es bien importante por una razón muy sencilla: si aquí se utiliza la Contraloría General de la República y la Defensoría para bloquear un procedimiento de evidente calificación de falta grave, para que estos magistrados pasen a ser parte de un debate en la AN en cuanto a su remoción del cargo, entonces la única manera de evitar eso es que la gente en la calle haga presión”.
Refiere como ejemplo lo que pasó el lunes en la Organización de Estados Americanos, cuando el representante de Bolivia quiso bloquear un debate sobre Venezuela. “Pero a nivel de la defensoria y de la contraloría hay que acudir a la protesta ciudadana porque esto no es un problema de partidos, ni de ideologías, ni de derecha o izquierda, esto es un problema de soberanía de nuestros derechos como ciudadanos y de los valores democráticos que inspiran a nuestra república, es nuestra manera de vivir en sociedad dentro de un estado con unas reglas claras que se han vulnerado y no ahora, siempre.
Reitera Raffalli que “esas aclaratorias, así las publiquen, no van a corregir la situación porque “si fuera así y mañana la AN llama al presidente de la República y le pide que derogue el estado de emergencia económica que lo ha prorrogado inconstitucionalmente durante más de un año, tampoco lo va a hacer, entonces ¿cuál es el propósito de enmienda? Eso es una falacia, una mentira”, concluyó.
Para el abogado Raffaelli, “el propósito claro, absoluto y definido del poder ejecutivo en conchupancia con el poder judicial, fue desconocer el resultado electoral de diciembre 2015 porque la AN quedó en dos tercios o más en manos opositoras y de la manera más antidemocrática que se pueda imaginar había que aceptar el resultado pero no asumirlo, como ocurre con los gobernadores cuando le ponen una entidad paralela o un funcionario paralelo al lado, alterando la organización político territorial de la República”.
Para finalizar, Arteaga señaló que “las sentencias 155 y 156 no constituyen un hecho aislado, no son una afirmación que sale de la noche a la mañana, son el producto de la evolución de una serie de decisiones que viene tomando esta llamada Sala Constitucional que evidentemente protege todo menos la constitución; de un TSJ que no es ni tribunal ni supremo ni de justicia, que sencillamente ha ido desconociendo los derechos ciudadanos, ha ido desconociendo la voluntad popular y hay que tomar en cuenta que la voluntad popular es la base de la autoridad del gobierno como dice la declaración universal de los Derechos Humanos.
Para Arteaga, “ha sido una progresión, pero no una progresión hacia la afirmación de la democracia sino una progresión hacia la afirmación del autoritarismo y yo diría, una vez más, de un autoritarismo a toda armada que en definitiva lo ha asumido esa llamada sala constitucional”.