El Acuerdo de Exhortación de Cumplimiento de las Decisiones, Resoluciones, Opiniones o Actos dictados por organismos Internacionales de Derechos Humanos fue el primer punto de debate en la sesión de este jueves.
La ley aprobada por la mayoría opositora fue presentada por el diputado Freddy Guevara (VP) desde la tribuna de oradores y exige al Estado acatar los dictámenes de los organismos internacionales en materia de derechos humanos.
Esto significa que los jueces y tribunales de la República estarán obligados –a partir de su entrada en vigencia- a cumplir con los beneficios establecidos para 11 presos políticos como fue requerido por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
María Lourdes Afiuni, Leopoldo López, Juan Carlos Nieto Quintero, Daniel Ceballos, Maikel Giovanni Rondón, Gerardo Carrero, Nixon Leal, Carlos Pérez, Renzo Prieto, Antonio Ledezma y Lorent Saleh serán los beneficiarios.
Sus casos son referidos directamente en el artículo 2 del Acuerdo en el que también se menciona al general retirado y exiliado político Antonio Rivero.
El otorgamiento de medidas cautelares de protección para activistas de derechos humanos (Marco Antonio Ponce), abogados defensores de derechos humanos (José Vicente Haro, Pierina Campose) y directores de medios de comunicación (Miguel Henrique Otero, Alberto Federico Ravell, Teodoro Petkoff) también deberá ser acatado por el Estado como establece el artículo 3.
Además de respetar 17 sentencias hechas por la CIDH en casos en los que se presume fueron violados derechos humanos.
La Asamblea Nacional constituirá una comisión especial que tendrá 60 días para informar sobre las acciones tomadas por parte de los distintos órganos del poder público y en caso de que no se hayan cumplido podrán iniciar interpelaciones a funcionarios y a jueces, dice la norma.
El diputado Yul Jabour (Psuv) rechazó la propuesta que tildó de adefesio. “Este es un panfleto que consideramos fue redactado por la embajada norteamericana porque coincide con lo que ha sido la agresión internacional del imperialismo americano. Desde la Asamblea Nacional se busca legitimar esas agresiones en contra del pueblo y gobierno venezolano”, manifestó.
En esta tercera sesión ordinaria se debatió sobre la situación de la universidades públicas del país. Juan Requesens (PJ) inició con la promesa de legislar para la universidad.
Los estudiantes aplaudieron su discurso desde los balcones del hemiciclo. Sin embargo, las intervenciones destacadas fueron las de Héctor Rodríguez (Psuv) y Miguel Pizarro (PJ).
El primero acusó a los autoridades universitarias del desvío de los recursos que son aprobados para el funcionamiento de las universidades y aseguró que en los últimos años el gobierno ha invertido 228 mil millones de dólares. “Hay que recordar que 10 millones de estudiantes han sido beneficiados”, dijo.
El segundo recordó que el presupuesto es deficitario y no permite que las universidades desarrollen investigación. “Esta asamblea nacional en el periodo anterior prefería mandar 500 millones de dólares para la compra de Sukhoi que meterle plata a la universidad venezolana”.
Pizarro propuso la conformación de una comisión para evaluar el estado de las universidades públicas del país, moción que fue aprobada por la mayoría de los parlamentarios.