La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) rechazó el veto del Consejo Nacional Electoral (CNE) a la inscripción de la candidatura de Corina Yoris para participar en los comicios presidenciales del 28 de julio.
«Impedir la participación de algunas o determinadas candidaturas opositoras en el proceso electoral, corrobora que el Poder Electoral no ofrece garantías de independencia e imparcialidad. En consecuencia, se anula la posibilidad de celebrar elecciones presidenciales libres, justas y competitivas», alertaron este viernes 5 de abril en un comunicado.
Dijeron que este tipo de exclusiones viola los derechos de participación política de los candidatos, desincentiva a electores y electoras a sufragar en el proceso y «perpetúan un gobierno represivo», en alusión al Ejecutivo que encabeza Nicolás Maduro.
Yoris, una profesora, filósofa y doctora en Historia, se anunció como la candidata para reemplazar a María Corina Machado como la opción de la ganadora de las primarias de octubre de 2023 y la Plataforma Unitaria Democrática, ante la inhabilitación contra la líder opositora que le impide participar en los comicios por una decisión judicial.
«La Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechaza todos los obstáculos a la participación de candidaturas opositoras en el proceso electoral venezolano, incluyendo aquellos que impiden la inscripción de candidaturas opositoras para las elecciones presidenciales de 2024», expresaron en el texto que la Cidh compartió en su sitio web.
Reiteran llamado a levantar inhabilitaciones políticas
Reiteraron su llamado a que el Estado venezolano levante las sanciones administrativas contra candidatos, que en este caso no solo afecta a Machado sino también de otros dirigentes políticos como Henrique Capriles Radonski, César Pérez Vivas y Juan Pablo Guanipa.
«En el caso venezolano es crucial el levantamiento de inhabilitaciones administrativas y el cese de cualquier acto dirigido a desalentar la participación de la población en asuntos de interés público. La Cidh llama a adoptar, con urgencia, medidas para restablecer la separación e independencia del Poder Electoral, del Poder Judicial y demás poderes públicos. Sólo así se podrá reconstruir la democracia y la confianza en las instituciones públicas».
En marzo pasado, la instancia exigió al Ministerio Público venezolano garantizar la presunción de inocencia tras las detenciones de dos políticos, que son estrechos colaboradores de Machado (Henry Alviarez y Dignora Hernández).
Anteriormente condenaron la expulsión de los funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH de Venezuela, que se hizo efectiva el 15 de febrero, después de que el organismo denunció la desaparición forzada de la abogada y activista Rocío San Miguel, quien se encuentra presa desde el 9 de febrero.