“Duélale a quien le duela”, la frontera permanecerá cerrada, así lo ratificó, una vez más, el presidente Nicolás Maduro, este 27 de agosto, al tiempo que condenó a su par colombiano por “embarrarla en Cúcuta”.
Esta nueva declaración se da a menos de 12 horas de la reunión entre las cancilleres Delcy Rodríguez y María Ángela Holguín e intensifica la crisis fronteriza, que, a juicio de expertos consultados, amenaza la integración sudamericana.
“Los partidos políticos que forman parte de la alianza del presidente Juan Manuel Santos le exigen que condene con firmeza lo que está ocurriendo con los colombianos. El mismo procurador de ese país, Alejandro Ordóñez, dice que van a seguir armando un expediente sobre la violación de los derechos humanos. Todo esto pone en entredicho el discurso de la integración y deja mal parada a Venezuela frente a los países de la región por las delicadas denuncias en las que se habla de la expulsión de colombianos que tienen doble nacionalidad y de padres que son separados de sus hijos durante la deportación”, opinó el internacionalista Luis Daniel Álvarez.
De ser ciertas estas denuncias, Álvarez aseguró que se estarían replicando eventos similares a los ocurridos durante las dictaduras del argentino Jorge Rafael Videla y del chileno Augusto Pinochet, durante las cuales cientos de niños fueron separados de sus familias.
La tensión política ha escalado a un punto tal que el Partido Social de la Unidad Nacional y el Partido Conservador de Colombia pidieron al presidente Santos retirar a Colombia de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) tras la reacción del secretario general del organismo internacional, Ernesto Samper, a quien tildaron de “anticolombiano”.
Ante las acusaciones, Samper publicó una comunicación oficial en su cuenta de Twitter y aclaró que está dispuesto a ayudar en la “inaplazable” solución de la crisis fronteriza.
El internacionalista y profesor universitario Félix Arellano señaló que el Gobierno lejos de abordar el tema mediante los mecanismos diplomáticos, lo manejó desde la acción militar. “Ha sido un manejo absolutamente militarista, ahora es que la cancillería ha empezado a asumir parte de su papel, Pero en principio no se mostró ninguna intención de diálogo propia de una cancillería”, dijo.
Coincide en afirmar que esta acción no deja ninguna ganancia. “Perdemos credibilidad, oportunidades, empleos, inversiones, perdemos gente trabajadora. Esto pone en entredicho la política exterior de Venezuela que pareciera ser errática, de ataque (…) si esta es una estrategia política electoral tiene un costo demasiado grande”.
Criticó el papel de los organismos internacionales como Unasur y la OEA; en el primer caso por la postura asumida por Samper; y en la segunda porque considera que la respuesta del secretario Luis Almagró debió ser más enérgica. “La reacción internacional ha sido débil en buena medida, porque los países latinoamericanos tienen muchos problemas internos: Brasil con las protestas civiles y Argentina que está en medio de elecciones y atraviesa una crisis política”.
Álvarez y Arellano recomiendan:
- Se abra la frontera.
- Buscar asesoría de expertos para buscar el mejor manejo del conflicto.
- Retomar y promover proyectos de integración con Colombia en materia política y económica.