La Comisión Delegada Legislativa, en sesión de este 18 de mayo, aprobó respaldar el acuerdo de salvación nacional anunciado por el líder opositor, Juan Guaidó.
Conectados vía remota, los parlamentarios de 2015 pidieron a los factores políticos y de la sociedad civil mantenerse unidos en un frente para presionar por negociaciones y lograr los objetivos del acuerdo, a la ciudadanía apoyar por el bien del país y a la comunidad internacional participar.
Por el partido Un Nuevo Tiempo (UNT), intervino Omar Barboza, quien aplaudió los nuevos esfuerzos de Guaidó pese al “costo político” que pueda tener negociar con “régimen” considerado dictatorial y violador de derechos humanos.
“No se trata de entregar principios a cambio de cargos, se busca hacer posible los dos grandes objetivos que son la necesidad de atender la crisis humanitaria. Se trata de salvar la vida de los venezolanos hoy desamparados y un cronograma electoral para elecciones en todos los niveles desde presidenciales hasta regionales, justas y con supervisión de la comunidad internacional”, expresó.
Pide a los venezolanos, sin importar su orientación política ni condición social, respaldar el acuerdo de salvación nacional porque “es apoyar la vida” y poner por encima de los intereses personales el interés del país. Hizo un llamado para que todos asuman el acuerdo de manera activa para el cumplimiento de los objetivos.
También subrayó que -con el respaldo aprobado en la Delegada- se pone en manos de quien tiene la legitimidad, en este caso Guaidó, la búsqueda de acuerdos políticos para salir de la crisis.
“No pedimos mucho”
El dirigente de Voluntad Popular, Freddy Guevara, igualmente resaltó que la Delegada aprobaba un respaldo institucional al acuerdo de salvación, cuyos objetivos, advirtió buscarán ser logrados a través de una negociación política con la administración de Maduro y la ayuda de los países.
“No confiamos en el régimen pero la única manera de lograr este acuerdo es la presión de los venezolanos y la participación de la comunidad internacional, la participación de todos los actores. No pedimos mucho, sino lo básico, el agua, los alimentos, salarios dignos, que lo cotidiano no sea producto de la suerte”, dijo.
El plan presentado por Guaidó el 11 de mayo, a través de un mensaje difundido en redes sociales, plantea elecciones presidenciales, parlamentarias y regionales libres, con garantías y un cronograma público, entrada de ayuda humanitaria, acceso a vacunas contra el COVID-19, liberación de presos políticos, regreso de exiliados y justicia transicional.
Propone como incentivo el levantamiento de sanciones internacionales contra la gestión de Maduro, a cambio del cumplimiento del acuerdo.
«Romper la traición»
El primer vicepresidente de la Delegada, Juan Pablo Guanipa (Primero Justicia), se pronunció porque las traiciones y la desunión entre factores políticos internos, más la “indolencia” de algunos gobiernos de otras naciones, sean superadas por el bien del país.
“No se trata de mí ni de ti, se trata de Venezuela carajo. Vamos a romper las cadenas de la traición, de la desunión, debemos ser desprendidos coherentes, eso debe marcar nuestra vida. Lo intereses personales no pueden ser distintos a los de Venezuela, la unidad de estrategia, de mensaje y de acción es parte del acuerdo”, exclamó.
Dirigentes como Henrique Capriles de Primero Justicia y Stalin González de UNT, mostraron su apoyo a la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral con dos rectores principales vinculados a la oposición venezolana y a la lucha por garantías para los comicios regionales. Ello fue interpretado como evidencia de u participación directa o indirecta en los acuerdos para nombrar al Poder Electoral.
El texto del respaldo aprobado por la Delegada incluye solicitar a los a los aliados internacionales apoyo al acuerdo de salvación nacional, participar y “disuadir al régimen” de cualquier intento para incumplir en caso de que lo acepte. También se insta a las fuerzas democráticas a unirse y hacer a un lado aspiraciones personales.
Embargo a El Nacional
Los parlamentarios denunciarán ante organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la toma de la sede de El Nacional, por parte de organismos de seguridad del Estado, producto de un embargo.
Las gestiones que realizará la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de la Asamblea Nacional de 2015, encabezada por Jony Rahal, forman parte de un acuerdo aprobado por la Delegada para condenar “la toma ilegal” del medio de comunicación ocurrida el 14 de mayo.
El parlamentario anunció que previo a la denuncia habrá una investigación sobre la actuación de los organismos jurisdiccionales y de seguridad que ejecutaron el “atropello contra la libertad de expresión”.
“Lo que hicieron fue abusar del poder, actúan como lo que son delincuentes, en la noche, al margen de las leyes, sin orden judicial. Solo pegaron un cartel y desalojaron a todo el mundo. No valdrá después que los funcionarios digan que cometieron órdenes superiores, nada los salva de la responsabilidad”, advirtió.
Subrayó que además del embargo a El Nacional, serán documentados otras violaciones a la libertad de expresión y de prensa para ser consignados ante la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Los resultados de la investigación también serán presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) a fin de que también abra un procedimiento.
“Ofrenda”
Durante la noche del 14 de mayo, funcionarios de la Guardia Nacional y del Poder Judicial se presentaron en la sede principal del diario El Nacional, en la zona industrial de Los Cortijos, al este de Caracas, para notificar de una medida de embargo de bienes, con motivo de la demanda interpuesta por el diputado del 6 de diciembre, Diosdado Cabello (Psuv).
El cartel de notificación pegado a las puertas de la sede del medio indica que se cubre la cantidad de 141.501,24 petros del total de 237.000 petros que lo obliga a pagar el Tribunal Supremo de Justicia, tras admitir la demanda por difamación del expresidente de la Constituyente.
Diputados como Rafael Veloz (VP) calificaron la medida contra El Nacional como una “ofrenda” a Cabello, cónsono con un Estado que “practica el terrorismo”.
“La voz del periodismo en Venezuela se ha ido apagando por la confiscación y el bloqueo de medios. Quieren tener dominio total de la opinión pública venezolana. Cabello mueve el dedo y todos, incluso Maduro, le obedecen”rechazó la diputada Marianela Fernández (UNT).