El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, denunció que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) busca que los diputados entren en desacato para “afectar la inmunidad parlamentaria sin que la tenga que allanar la cámara”.
“Todo esto forma parte del intento de convertir el desacato en flagrancia y la flagrancia en una especie de ilícito que afecte nuestra inmunidad”, aseveró.
Pese a esta amenaza, la mayoría de oposición no acatará ningún fallo que atente contra la Constitución. Así lo dejó claro a las afueras del Ministerio Público, donde acudió junto al asesor jurídico de la AN, Jesús María Casal, a consignar un documento en el que expone los argumentos que, a su juicio, prueban que la sentencia del TSJ que anula los actos producidos en siete sesiones es inconstitucional.
Estos son los cinco argumentos principales que aborda el documento:
1.El TSJ no puede modificar el Reglamento de Interior y Debates. Ramos Allup aseveró que es facultad exclusiva del Parlamento modificar sus normas internas corpuris según lo establece la Constitución.
2.La suspensión de todos los actos es desproporcionada. “En el supuesto de que la prohibición impuesta por la sala sobre la modificación del orden del día fuera fundada, solo podía ser afectado el punto del orden del día incluido por la modificación, pero es absurdo que también se suspendan los puntos del día que no fueron modificados ni fueron incluidos”, señaló.
3.El argumento sobre la protección de la información previa no aplica. De acuerdo con la sentencia, las sesiones deben ser convocadas con 48 horas de anticipación para que los diputados que residen en el interior del país estén advertidos; sin embargo, el parlamentario aseguró que desde que la Cámara comenzó a sesionar, se establecieron los días martes y jueves como días de sesión, para evitar confusión.
4.Se desconoce la inmunidad parlamentaria. “La sentencia indica un procedimiento que puede conducir a una declaratoria de desacato a un mandamiento de amparo con posible privación de libertad, sin que quede claro el valor que la sala reconocería sobre la inmunidad parlamentaria”, manifestó.
5.Error en la fundamentación. “La decisión incurre en el error de aludir al artículo 31 de Ley Orgánica del TSJ, que no guarda relación alguna con el asunto cuando quería referirse al artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo, que alude en un eventual desacato del mandamiento de amparo”, explicó Ramos Allup.
Además del escrito, el actual presidente del Parlamento consignó una serie de copias que probarían que Fernando Soto Rojas, Cilia Flores y Diosdado Cabello otorgaron poderes a abogados para que los representara cuando ejercían como presidentes de la Asamblea Nacional. Esto en respuesta a la sentencia que le prohíbe escoger a su representante jurídico en caso de ser citado a un juicio.
“La Fiscal sabe qué hacer, tiene experiencia en derecho y al analizar los recaudos inobjetables que le hemos presentado debe tomar una decisión”, declaró el diputado.
Las pruebas fueron recibidas por la funcionaria Marisela Lucena y no por la Fiscal General Luisa Ortega Díaz.
Reacciones
El primer vicepresidente de la AN, Enrique Márquez, no descarta que el cuerpo parlamentario acuda a protestar de forma pacífica ante el Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, considera que la prioridad debe ser el diálogo.
“Es una sentencia lamentable. El Gobierno no gana nada, tampoco lo hace la Asamblea. Nosotros vamos a apelar a un estado de derecho que no existe, pero la solución final pasa por un diálogo que no se ha iniciado, en gran parte por culpa del Ejecutivo y porque la Asamblea también tiene que poner de su parte”, manifestó.
La diputada y presidenta de la comisión de Política Interior, Delsa Solórzano, insistió en que el TSJ es “ilegal e ilegítimo” y dejó claro que la coalición opositora aún no ha decidido otros mecanismos de protesta pacífica en contra del TSJ, porque está enfocada en la movilización del 1 de septiembre denominada la Toma de Caracas.
El parlamentario Edgar Zambrano opinó que se rompe de nuevo el principio de interrelación entre los poderes. “Esto (la sentencia) trae un mayor nivel de confrontación y de desconocimiento entre los poderes. Esto se trata de un asalto al Parlamento y a la voluntad popular“.
(Valium)