Sin permiso previo y con derecho a protestar pacíficamente. Como forma de garantizar la participación de los venezolanos “en la formación, ejecución y control de la gestión pública”, la Constitución del país establece y respalda la movilización de los ciudadanos para manifestar su disconformidad, y prohíbe a las fuerzas de seguridad del Estado el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas para ejercer control.
Al menos tres artículos constitucionales lo instauran claramente. Contrario a lo que reiteran numerosos voceros del Gobierno nacional, el artículo 53 de la Carta Magna avala el derecho a reunirse sin permiso previo de las autoridades, siempre y cuando sea con fines lícitos y sin armas.
El artículo 62 permite a todos los venezolanos la participación libre en los asuntos públicos y establece la obligación que tiene el Estado y la sociedad de “facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica”.
“Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley”, se lee en el artículo 68.
La violación de dichos artículos traerá la apertura de procedimientos penales que pudieran terminar con determinados años en prisión, dependiendo de la gravedad del delito.
Foto principal: Iván Reyes