En una decisión conocida este jueves 19 de mayo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la “constitucionalidad” del decreto de emergencia económica y estado de excepción que emitió el presidente Nicolás Maduro, cuya validación fue negada el martes pasado por la Asamblea Nacional.
“En ponencia conjunta de todos sus magistrados y magistradas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, afirmó la constitucionalidad del Decreto N° 2.323, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de la Emergencia Económica”, dijo el comunicado emitido por el máximo tribunal del país.
El TSJ indicó que la vigencia del decreto se inició desde que fue emitido por el Ejecutivo Nacional el viernes 13 de mayo, “y su legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídico-constitucional se mantiene irrevocablemente incólume”, afirma en el documento.
La magistratura consideró también que el estado de excepción “obedece a la meritoria necesidad de proteger al pueblo venezolano y a las instituciones, expresión directa del Poder Público, que han sido objeto de amenazas internas y externas, y de acciones tendientes a desestabilizar la economía y el orden social del país”.
En el comunicado publicado en la página web del TSJ, se indica que la Sala Constitucional “verificó” que el decreto en cuestión cumple con lo dispuesto en la Carta Magna, así como con “tratados internacionales sobre derechos humanos válidamente suscritos y ratificados por la República, y en la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción”.
De modo que por estas razones se produjo este fallo a favor del decreto que permite al Ejecutivo “adoptar las medidas oportunas que permitan atender eficazmente la situación excepcional, extraordinaria y coyuntural que afectan la vida económica de la Nación, tanto de índole climático, económico y político”, de acuerdo con la decisión de la Sala.
El comunicado incluyó una mención a la AN, en la cual la señala porque “nuevamente contrarió la norma prevista en el artículo 27 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción”, al referirse a la desaprobación de la norma por parte del Parlamento, que rechazó “por inconstitucional” este decreto y por no establecer mecanismos para atender el desabastecimiento, la inseguridad y otros problemas que afectan a los ciudadanos.
Este decreto de emergencia económica y estado de excepción se sustenta, entre otros aspectos, en la “consideración” de que el Poder Legislativo -de mayoría opositora- supuestamente pretende “el desconocimiento de todos los Poderes Públicos” y promueve “la interrupción del periodo presidencial establecido en la Constitución por cualquier mecanismo a su alcance fuera del orden constitucional”.
Con información de EFE