La diputada a la Asamblea Nacional (AN), Delsa Solórzano, denunció que tienen información de que dos personas recluidas en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en El Helicoide pudieran tener síntomas de coronavirus.
La parlamentaria exigió que se les realice la prueba del despistaje para determinar si tienen o no COVID-19. “No tenemos acceso directo a los presos de El Helicoide”, dijo.
Solórzano responsabilizó al régimen de Nicolás Maduro de lo que está ocurriendo y negó que sean las sanciones impuestas al gobierno chavista la que generen la crisis.
“El sector salud nunca ha sido afectado por las sanciones, no hay ninguna sanción que imponga alguna restricción para la compra de insumos médicos, el responsable de todo esto es el régimen de Maduro”, aseguró este viernes, 20 de marzo, en una rueda de prensa.
Alertó que hasta la fecha no conocen el estado de salud del diputado Juan Requesens, que se encuentra recluido en El Helicoide desde agosto de 2018, y tampoco el del jefe de gabinete del presidente encargado Juan Guaidó, Roberto Marrero.
“Hemos visto información de la presencia de coronavirus en cuatro funcionarios recluidos en el Helicoide”, agregó.
Solórzano también advirtió a las personas a no salir de sus casas. “Queremos hacer un llamado a que se queden en sus casas. Nosotros seguimos trabajando por ustedes. Vamos a cuidarnos de esta terrible pandemia, porque junto la vamos a superar”.
Detenciones arbitrarias por alarma nacional
Sobre la situación de los venezolanos varados en el exterior tras la cancelación de vuelos de Europa, Panamá y República Dominicana, la diputada señaló que los embajadores designado por Juan Guaidó se están encargando de los casos.
Humberto Prado, comisionado para los derechos humanos designado por Juan Guaidó, denunció las detenciones arbitrarias que se están realizando bajo el estado de alarma nacional.
“Se están tomando una serie de atribuciones donde están deteniendo a las personas sin orden judicial, van buscando a una enfermera y como no la encuentran, detienen a su nieta”, dijo al hacer alusión a la aprehensión e imputación del dirigente de salud en Monagas, Julio César Molinos.
El hombre de 72 años fue imputado por la Fiscalía 4 del Ministerio Público en Monagas de los supuestos delitos de incitación a la zozobra y alarma a la comunidad, incitación al odio y agavillamiento. Por su edad quedó en detención domiciliaria.
Prado exigió la liberación de los presos políticos del país, que según la ONG Foro Penal, son 320 hasta el 16 de marzo. ” En las cárceles de 79 personas que fallecieron 69 fue por el tema salud”, puntualizó.
Criticó el decreto emitido por el gobierno chavista el pasado 13 de marzo, porque para él viola estándares internacionales y la Ley Orgánica de Estados de Excepción y la Constitución, argumentando que hay prerrogativas para las personas y limita trabajo de los medios de comunicación social en el territorio nacional.