La detención de la defensora de derechos humanos de la organización Surgentes, Martha Lía Grajales, resonó por su labor en apoyo a las madres de presos políticos en Venezuela, pero también por ser militante de izquierda.
Organizaciones de DDHH, líderes comunitarios y también la izquierda internacional exigieron su liberación hasta que se produjo el excarcelamiento la noche de este 12 de agosto. Miraflores y otros altos voceros del chavismo intentaron justificar la aprehensión y señalaron a una “falsa izquierda” que se infiltra para “conspirar” contra la administración de Nicolás Maduro.
“Aquí no nos sirven los tibios, están al servicio del fascismo. Tiene que ser extirpado de cualquier cuerpo social”, dijo el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, al referirse a la izquierda disidente en el país.
Pero el de Grajales no ha sido el único caso de representantes de la izquierda apresados, excarcelados, perseguidos y en el exilio, especialmente luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Defensores de DDHH y antiguos aliados del chavismo, han coincidido en que el patrón represivo aplicado para que Maduro pueda mantenerse en el poder no distingue entre ideologías.
A continuación un repaso de los casos más sonados.
Detenidos y excarcelados
Martha Lía Grajales. Fue apresada el 8 de agosto en el este de Caracas, luego de participar en una protesta ante la oficina de Naciones Unidas (ONU), contra la agresión sufrida por madres y familiares de presos políticos a las puertas del Tribunal Supremo de Justicia, tres días antes.
Familiares y abogados denunciaron desaparición forzada tras ser obligada por sujetos a abordar un vehículo sin placas. El Ministerio Público se pronunció el 11 de agosto para informar que fue imputada por los delitos de «incitación al odio, conspiración con gobierno extranjero y asociación». Su esposo, Antonio González, declaró que le fue impuesto un defensor público y que le informaron que estaba detenida en una sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
La noche de este 12 de agosto, se informó sobre su excarcelación con medidas cautelares. González advirtió que, pese a que salió del centro de detención, continuaba siendo víctima de un proceso judicial arbitrario.
“La cúpula del Psuv ha llevado al extremo la manipulación de los símbolos y banderas históricas de la izquierda, intentando encubrir su viraje autoritario bajo una fraseología pseudorrevolucionaria y falsamente antiimperialista. La detención arbitraria de la activista Martha Lía Grajales y la arremetida contra el Comité de Madres en Defensa de la Verdad confirman la verdadera naturaleza reaccionaria de la élite gobernante”, expresó la dirigente del Partido Comunista de Venezuela (PCV), Neirlay Andrade.
Recalcó que al carecer de legitimidad, luego del denunciado fraude electoral del 28 de julio de 2024 y al constatar las protestas de sectores populares, Miraflores ha intentado sustituir el voto popular por el miedo para seguir en Miraflores.
“La detención de Martha Lía y la campaña de difamación orquestada por los laboratorios de propaganda gubernamental buscan normalizar la criminalización de las luchas populares. El objetivo de la cúpula del Psuv es claro: que dejemos de reclamar los derechos consagrados en la Constitución”, acotó.
Rodrigo Cabezas. Fue detenido el 12 de junio en Maracaibo, luego de ser citado en la oficina de Corpoelec para formular un reclamo por falta de electricidad en su residencia.
Desde su aprehensión por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), sin orden judicial, no se supo nada de él durante 41 días, por lo que abogados y familiares denunciaron desaparición forzada.
Su excarcelación se produjo el 23 de julio sin que se supiera bajo cuáles cargos estuvo detenido. Su detención y la de dos economistas del Observatorio Venezolano de Finanzas, Daniel Cadenas y Gerardo Casique, se produjo en momentos en que la administración de Maduro inició una ofensiva contra la publicación del dólar paralelo y de indicadores alusivos a la crisis económica.
“La represión en Venezuela avanza por círculos concéntricos: Primero fueron los dirigentes políticos más conocidos, luego los menos; posteriormente periodistas y medios, seguidos por activistas sociales, sindicalistas y defensores. El caso más reciente habían sido economistas y gente que procesa datos estadísticos. Inhibidos estos, ahora se avanza más sobre los chavistas disidentes”, observó el director del Laboratorio de Paz, Rafael Uzcátegui.
A juicio del defensor de DDHH, las excarcelaciones en este sector se producen porque Miraflores se dio cuenta que no puede arremeter más sin antes desprestigiar primero a esa disidencia que se identifica como chavista, pero que critica a la administración de Maduro. De allí las fuertes declaraciones tanto de Maduro como de Jorge Rodríguez sobre lo que denominan “falsa izquierda”.
Nicmer Evans. Al politólogo y antiguo asesor del chavismo, Nicmer Evans, lo detuvieron el 13 de julio de 2020, luego de que denunciara que funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) llegaron a su residencia y la allanaran. Se le acusó de promoción e incitación al odio por la publicación de unos tuits.
Estuvo detenido en la sede la Dgcim en Boleita hasta el 1 de septiembre de 2020, cuando salió por un indulto presidencial. Evans acompañó el gobierno de Chávez, pero siempre mantuvo cierta posición crítica y se desmarcó del chavismo con la llegada de Maduro a Miraflores.
Fundó Marea Socialista con parte del chavismo disidente, de la que se separó en el año 2017 y creó el Movimiento por la Democracia y la Inclusión, aunque ninguna logró el reconocimiento del CNE. En su momento apoyó el gobierno interino de Juan Guaidó – y también su disolución – y la candidatura presidencial de Edmundo González. Además promovió un referendo revocatorio contra Maduro en 2022, sin éxito.
Perseguidos
Asilada y a la espera de salvoconducto. Es el caso de la abogada y exconstituyente por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv, 2017), María Alejandra Díaz, quien se encuentra refugiada en la Embajada de Colombia en Caracas, desde el 11 de enero de 2025.
La cancillería colombiana confirmó que concedió el asilo político a la abogada, luego de que denunciara persecución política de la administración de Maduro, pero que Díaz lo incumplió al informar en redes sociales que estaba en la embajada. Pese a ello le garantiza la protección debida y “condiciones adecuadas de permanencia”. La exconstituyente pide un salvoconducto que le garantice salir del país sin ser apresada.
A Díaz la multó el TSJ (noviembre 2024) y la suspendió de su ejercicio profesional a la espera de un proceso disciplinario en el Colegio de Abogados del Distrito Capital por introducir un recurso de amparo para que se obligara al Poder Electoral a publicar los resultados desglosados de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
En enero de este año, denunció la detención de su exesposo y otros familiares tras acusaciones por terrorismo e incitacion al odio en su contra. Señaló además que la amenazaron con llevarse a sus hijos si no se entregaba a las autoridades.
Durante su ejercicio en la Asamblea Constituyente de 2017 Díaz se opuso a la aprobación de la ley antibloqueo (2020) por considerar que, con la sanción del instrumento legal, Venezuela “entraría en la ruta al totalitarismo”.
“Con esta ofensiva contra los sectores populares y revolucionarios también se busca impedir la consolidación de una oposición de izquierda que rompa con los dos bloques que hegemonizan la disputa política en el país (…) La cúpula quiere impedir a toda costa que se configure una alternativa genuinamente democrática y en favor de las legítimas aspiraciones del pueblo venezolano. Por eso castiga severamente a figuras como la doctora María Alejandra Díaz”, opinó la dirigente del PCV.
Barreto sitiado. El exalcalde metropolitano, Juan Barreto, denuncia hostigamiento en su residencia en la parroquia El Cementerio de Caracas, desde mayo de este año. Patrullas del Sebin se observan apostadas a las puertas de la vivienda, lo cual fue calificado por Marino Alvarado, miembro de Provea, como una nueva modalidad de “casa por cárcel” sin un proceso judicial previo.
El exconstituyente de 1999 apoyó la candidatura presidencial de Enrique Márquez en los comicios de 2024. Márquez también es preso político desde enero de este año y se desconoce su ubicación.
En el exilio
El exministro de Relaciones Interiores, Miguel Rodríguez Torres, fue apresado el 13 de marzo de 2018 en Caracas por el Sebin, el mismo cuerpo que dirigió. Lo acusaron de cargos de conspiración contra el gobierno.
En su caso se denunciaron malas condiciones de reclusión y falta de atención médica, por lo que su salud se vio comprometida en varias ocasiones. El 21 de enero de 2023, tras casi 5 años encarcelado, fue sacado de prisión y enviado a España.
De cara a las elecciones presidenciales del 2018, Rodríguez Torres tuvo intenciones de presentarse como candidato para enfrentar a Maduro con su propia organización política, el Movimiento Amplio Desafío de Todos.
El exministro del Petróleo de Chávez, Rafael Ramírez, se desmarcó definitivamente del gobierno de Maduro en 2017, tras señalar la fuerte represión contra las masivas manifestaciones ciudadanas de ese año. Para entonces era representante de Venezuela ante Naciones Unidas (ONU) y aseguró que fue alertado sobre una posible detención si regresaba al país.
En 2023, el Ministerio Público lo acusó por 10 casos de corrupción en Pdvsa y solicitó a Italia su extradición. El país europeo negó la petición por la imposibilidad del exministro de recibir un juicio justo en Venezuela. Ramirez asegura que estaría dispuesto a regresar si se le permitiera defenderse de las acusaciones que ha asegurado son falsas.
También ha expresado que de tener la posibilidad y en condiciones democráticas presentaría su candidatura presidencial como alternativa de la izquierda.
“Declaraciones peligrosas”
“En las últimas horas hemos visto peligrosas declaraciones de parte de las principales figuras de la administración de Maduro, además se rodean de las caras visibles de los aparatos de represión para intimidar. Están invocando la lucha contra el fascismo para justificar su política deliberada de destrucción del Estado de derecho; así como usan las sanciones del imperialismo para justificar su programa de ajuste neoliberal”, alertó la dirigente del PCV.
Andrade se refirió concretamente a las declaraciones de Jorge Rodriguez sobre “extirpar el fascismo” de los movimientos sociales, durante la sesión ordinaria del Parlamento este 12 de agosto. Lo hizo en presencia del ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, y de representantes de los cuerpos policiales del país, entre ellos Alexander Granko por la Dgcim.
El secretario general del PCV y diputado de la AN, Oscar Figuera, considera que las palabras de Rodríguez son un “desafío abierto a las fuerzas democráticas y populares de Venezuela y confirma una práctica abiertamente violatoria de la Constitución».
A juicio de Uzcátegui, el chavismo también intenta mostrarse cohesionado, a través de la represión, para presentarse invencible de cara a la propuesta de reforma constitucional que, según dijo Maduro, se retomará en 2026.