Previo a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en Venezuela hubo esfuerzos internacionales importantes que por vía de las negociaciones (acuerdo de Barbados) lograron que esos comicios tuvieran ciertas condiciones para que la oposición mayoritaria pudiera competir. Que se admitiera la candidatura de Edmundo González Urrutia, pese a que primero no se le permitió a María Corina Machado inscribirse y luego se rechazara la candidatura de Corina Yoris, fue una de ellas.
Pero en la hora decisiva, la administración de Nicolás Maduro no solo se negó a reconocer una derrota electoral, avalada por 85% de las actas de votación divulgadas por la oposición, sino que abrió una nueva etapa en la que, de acuerdo con ONG defensoras de derechos humanos, profundizó la persecución y represión política para sostenerse en el poder.
La detención de 2.000 personas durante las protestas postelectorales -incluida una centena de adolescentes- y la expulsión de siete misiones diplomáticas del país, tras no reconocer los resultados oficiales que dieron el triunfo a Maduro, fueron el abreboca de lo que vendría contra todo aquel que se atreviera a cuestionar la reelección del líder chavista anunciada por el Poder Electoral.
“Desnudo ante el mundo”
De acuerdo con analistas internacionales, el contexto en el que el chavismo ha mostrado su “rostro más duro” a los venezolanos y al mundo ha sido tomado en cuenta, tanto por el liderazgo opositor como por los distintos países que cuestionan la administración de Maduro, para pasar de una confrontación abierta o negociaciones públicas a movimientos de bajo perfil para obtener resultados concretos.
La especialista en política internacional, María Teresa Romero, pone como ejemplo la denominada “operación Guacamaya” que permitió el “rescate” de cinco miembros del equipo de María Corina Machado de la Embajada de Argentina en Caracas, de la que no se supo hasta que los miembros de Vente Venezuela estuvieron en Estados Unidos.
Para el internacionalista Eduardo Díaz, ante la poca expectativa de cambio político en Venezuela, varios países han optado por ser “pragmáticos” y reanudaron relaciones consulares, vuelos comerciales y “negociaciones específicas” con Miraflores, como el caso de Estados Unidos para los vuelos de deportación.
Pero ambos coinciden en que la “naturaleza no democrática” de Maduro quedó “desnuda” ante el mundo luego del 28 de julio, lo que lo aleja del reconocimiento y la plena normalización de las relaciones internacionales que pretende.
“A un año de las elecciones presidenciales, tras las que Maduro se consolida, y no precisamente en una democracia, no veo que su situación en el escenario internacional se haya normalizado. La administración de Maduro es duramente criticada por muchos organismos internacionales y países, comenzando por Estados Unidos que todavía mantiene una investigación criminal contra figuras como Diosdado Cabello y el propio Maduro, y una recompensa a quien facilite su entrega a la justicia estadounidense”, señaló Romero.
Las acciones de EEUU contra Maduro
Tras la juramentación presidencial del 10 de enero de 2025, en Venezuela, el gobierno norteamericano subió el monto de la recompensa ofrecida tanto por Maduro como por Cabello, de 15 millones de dólares y 10 millones de dólares respectivamente, a 25 millones de dólares en ambos casos, por cargos como “narcoterrorismo”.
“Algunos países europeos y EEUU – al margen de negociaciones directas- han tomado nuevas medidas de presión y han cerrado, de momento, cualquier negociación de tipo diplomático con Maduro. En el caso de EEUU se mantienen conversaciones específicas para lograr la liberación de los detenidos estadounidenses en Venezuela y por el tema de las deportaciones, pero eso se hace con cualquier país incluso en situaciones de guerra, pero no negociaciones como las vimos antes de las elecciones”, sostuvo la profesora universitaria.
¿Qué pasa con el continente americano?
El 29 de julio de 2024, la Cancillería venezolana notificó a las misiones diplomáticas de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay que debían abandonar el país al no reconocer a Maduro como presidente reelecto.
Casi un año después, tanto el gobierno del izquierdista uruguayo, Yamandú Orsi, como el del panameño José Raúl Mulino, admitieron que la “necesidad” de atender a sus nacionales en territorio venezolano se impone, por lo que decidieron reanudar relaciones consulares -aunque no diplomáticas- con Venezuela. Aclararon que siguen sin reconocer a Maduro. Panamá también reanudó vuelos comerciales desde el mes de mayo.
Incluso aliados tradicionales del chavismo como Brasil, Colombia y México, alzaron su voz para pedir a las instituciones venezolanas que se revisaran los resultados electorales favorables a Maduro anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y se mostraran las actas de votación para contrastarlas con las que publicó la oposición.
Pero frente a la inflexibilidad de Miraflores, los intentos de mediación se quedaron en el camino. No hubo ruptura de relaciones con Lula Da Silva y Gustavo Petro, pero ha sido notorio el distanciamiento desde entonces. Tras una denuncia del ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, sobre la llegada de supuestos mercenarios del vecino país para “sabotear” las elecciones del 25 de mayo, Maduro ordenó la suspensión de los vuelos desde Colombia, pero la medida fue revertida tras los comicios.
“Tras el anuncio del resultado electoral en Venezuela, Brasil y Colombia se mostraron demandantes; pero al ver que se cerraron los canales para las negociaciones, optaron por no ir más allá y dejar las soluciones en manos de los venezolanos. Miraflores logró capotear la situación sin llegar a una confrontación abierta con esos países y ganar tiempo, al punto de que otros países optaron por reanudar al menos las relaciones consulares porque sus ciudadanos requieren atención”, expresó Díaz.
Las relaciones con EEUU también las limita al ámbito de las deportaciones y lo petrolero, aunque no fue renovada la licencia a Chevron a partir del mes de mayo. Subrayó que Miraflores más allá de la narrativa confrontacional, se muestra “cooperador” con la Casa Blanca para evitar una escalada en las tensiones y seguir ganando tiempo.
A la fecha, han llegado más de 30 vuelos a Venezuela con migrantes venezolanos deportados, desde enero pasado, cuando la Casa Blanca y Miraflores suscribieron un acuerdo de deportación, pese a que ambos gobiernos no tienen relaciones diplomáticas desde 2019.
Organismos de DDHH más frontales
Los analistas recuerdan que las repercusiones de los conflictos bélicos en el otro lado del mundo y la ofensiva arancelaria de Trump, junto a sus políticas migratorias, han contribuido a que la situación venezolana ya no sea de alta prioridad, lo que no quiere decir que hayan parado movimientos puntuales en cooperación con el liderazgo político de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.
Machado afirmó recientemente que se sigue moviendo «desde las sombras» y que la sociedad venezolana se encuentra «en pie de lucha«.
“Hay un aparente silencio de la sociedad civil que se puede explicar por el miedo que el régimen ha instaurado a lo largo de este año, siguen habiendo casi mil presos políticos de todas las edades. Pero a mi modo de ver ha empezado una nueva etapa, la oposición democrática ha mutado a una estrategia más de tipo clandestina, una lucha que no se ve, pero que no quiere decir que no esté y solo se pone en evidencia cuando se produce un hecho en particular como la operación Guacamaya”, apuntó Romero.
En ese sentido, sostuvo, también se mueven factores de las democracias internacionales, como parte de esa nueva etapa de lucha “más subrepticia” a la que el chavismo en el poder también reacciona, subrayó, de forma “más agresiva”, acorde a su decisión de mantenerse en el poder a toda costa.
También es una realidad, añade Romero, que frente a los esfuerzos por ganar terreno en lo internacional los organismos defensores de derechos humanos se han convertido en una “piedra en el zapato” para Maduro al contribuir con dejar al descubierto la naturaleza de su gobierno.
Los recientes informes presentados por el alto comisionado de Naciones Unidas (ONU), Volker Türk, y Amnistía Internacional fueron contundentes al dejar en evidencia el recrudecimiento de las violaciones de DDHH en Venezuela tras las elecciones presidenciales, al punto de que el chavismo ha amenazado con salirse de los mecanismos internacionales en materia de DDHH.
Tras documentar 15 casos de desapariciones forzadas en Venezuela luego de las presidenciales, Amnistía urge a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) a incluir dicha medida ilegal en su investigación sobre Venezuela, iniciada en 2018 por crímenes de lesa humanidad desde 2017. También pide a las autoridades venezolanas cesar estas prácticas y a la comunidad internacional presionar para esclarecer el paradero de las víctimas y procesar a los responsables.