El cierre de frontera desluce la campaña electoral en municipios del estado Táchira bajo régimen de excepción. No han repartido volantes por los comercios de San Antonio, parcialmente con santamarías abajo. Las paredes del corazón industrial, que es Ureña, tampoco han sido tapizadas con carteles, ni marcadas con sellos. Hay habitantes de Rubio que, sin sonrojo, desconocen cuáles son los candidatos.
La entrada a San Antonio del Táchira enseña apenas una valla del aspirante oficialista a diputado y otra de la opositora que quiere ganar el próximo 6 de diciembre. Ciudad adentro, solo se aprecian pequeños pendones del primero en lo alto de los postes de las principales avenidas, menos de la más importante. La avenida Venezuela es la columna vertebral del poblado; una sucesión de comercios que desemboca en la Aduana Principal y, más adelante, en el puente internacional Simón Bolívar. Es una vía sin mucha vida, como todo San Antonio los últimos tres meses.
En una esquina, los choferes de una cooperativa de carros por puesto esperan, ávidos, a los pocos que llegan de Cúcuta gracias a los salvoconductos especiales para viajeros, pacientes y estudiantes.
Las vueltas que da José Pérez por San Antonio le dan autoridad para evaluar el ambiente: “No he visto propaganda como antes, que tiraban pendones, papeles y de todo”. Otro compañero confiesa que no conoce bien a los candidatos de los dos grandes bloques. Ni hablar de los ocho independientes que completan la boleta electoral
Por aquí pasaron los dos
Palotal es uno de los pocos sectores de la circunscripción de frontera que, en la primera semana de campaña electoral, recibió la visita de esos dos candidatos más fuertes: Laidy Gómez, una abogada de 33 años, activista de AD, que representa a la Mesa de la Unidad; y Néstor Sayago, también jurista, militante del Psuv y abanderado del Polo Patriótico. Ella de Rubio, él de Capacho.
Palotal es, también, una suerte de comunidad-bisagra en medio de San Antonio y Ureña. Frontera en estado puro. En una de sus empinadas calles, llama la atención un pequeño cartel de Gómez pegado junto a la puerta, esa que abre una mujer menuda.
-¿Están activados con la campaña?
-No. Eso amaneció ahí pegado, no sé quién lo colocó.
-¿Y le disgusta que hayan puesto ese cartel?
-No, ese no (risas).
Se llama Tania Mojica y asegura que esta vez no huele mucho ambiente de campaña, en un barrio cuyas paredes todavía exhiben vestigios de la contienda Chávez-Capriles (2012). “Es por el cierre de la frontera”, adjudica la trabajadora de una marroquinería que, después de la clausura de los puentes internacionales desde hace tres meses, no ha vuelto a armar billeteras por falta de materia prima. La traían de Colombia. “La empresa paró. Mientras más días, esto se pone peor”, se lamenta.
En otra calle de Palotal está la única pared pintada con propaganda del 6 de diciembre que se encontró en recorrido por San Antonio y Ureña. Enfrente vive Florentino Gutiérrez, un anciano de 74 años que acostumbra votar desde la década de los 60. “Por aquí estuvo Laidy (Gómez) y pasó para arriba el chavista (Néstor Sayago), pero la campaña más bien está apagada”, valora.
Como un referéndum
Por la carretera de unos nueve kilómetros que separa San Antonio de Ureña hay, salpicadas, un par de vallas de Sayago versus una de Gómez. Los postes de la capital de Pedro María Ureña están desnudos, sin propaganda.
La experiencia de María Rivera con la campaña se reduce al recorrido y al Mercal que llevó el aspirante del Psuv para La Integración, el sector donde vive. “Yo decía que esto está apagado por el cierre, pero ¿cuál cierre? Fui a Traki y está lleno de colombianos sacando cuentas en pesos. ¿Cómo pasan?”, cuestionó la maestra de preescolar.
En la plaza Bolívar de Ureña Lucía Rodríguez y Ana Pardo, amas de casa, coinciden no solo en que el cierre de frontera les ha afectado la cotidianidad, sino que interpretan las elecciones del 6 de diciembre como una especie de referéndum que demostrará apoyo o rechazo a la medida que el 19 de agosto tomó el presidente Nicolás Maduro.
Rodríguez no observa condiciones para el despliegue de una campaña cuando sus familiares se quedaron sin trabajo y ella sin la posibilidad de comprar en Cúcuta los alimentos que no encuentra en Ureña. “Aquí no necesitamos que empapelen, porque eso después lo botan. Viendo cómo está el Táchira después de lo que pasó, ya con eso estamos muy conscientes y decididos de por quién vamos a votar”, completa Pardo.
Pendientes de comer
Es miércoles de una tarde soleada y, si no es por la valla móvil que con música del Psuv circunda la plaza Bolívar de Rubio, o por la propaganda pintada en un elevado a las afueras, cualquiera pensaría que el municipio Junín no está en campaña electoral.
Los rostros gigantes de Sayago y Gómez solo se aprecian en los alrededores del puesto de control de Las Dantas, una parroquia rural. En la tierra de Carlos Andrés Pérez la efervescencia se siente, pero a las puertas de los supermercados.
“Aquí nadie está pendiente de campaña. Yo me la paso es viendo dónde comprar la comida que no hay”, opina, vehemente, Virginia Villamizar. Acaba de perder la cola, porque se agotaron aceite, crema dental y desodorante.
Profesional jubilada, confía en que la cola del 6 de diciembre no la perderá. “Aquí los únicos que hacen campaña son los del Gobierno, que tienen dinero para cargar parlantes y regalar lo que pueden. A la candidata de la oposición no la dejan y si uno sale a hacer campaña por ellos, lo amenazan”, sostiene Villamizar.
Su esposo, Marco Mogollón, emplaza al Poder Electoral: “Si el CNE fuese un ente imparcial, debería pedir al Ejecutivo que elimine los estados de excepción para que la campaña aquí sea plena”.
¿Se puede o no se puede?
El decreto de estado de excepción del 21 de agosto, prorrogado por 60 días a partir del 19 de octubre, restringe las garantías de los derechos a la reunión en lugares públicos sin permiso previo y a la manifestación pacífica y sin armas, consagrados en los artículos 53 y 68 de la Constitución.
En el artículo 2 del decreto, el 1950 de la Presidencia de la República, se contempla: “No se permitirán reuniones públicas que no hubieren sido previamente autorizadas por el funcionario en quien se delega la ejecución del decreto”. En el artículo 13, Maduro delega para estos fines al gobernador José Vielma Mora.
Hay más. El artículo 2 también aclara que el derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, solo podrá ejercerse previa autorización de Vielma Mora, emitida a solicitud de los manifestantes. “Dicha solicitud deberá presentarse con una anticipación de 15 días a la fecha fijada para su convocatoria”, remata.
Es decir, la autorización para un eventual mitin el 3 de diciembre, jornada del cierre de campaña, debió ser aprobada a más tardar el pasado 18 de noviembre. Pero, en la práctica, parece no haber sido así.
En una reunión celebrada la semana pasada en la frontera se acordó que estarán garantizados los derechos políticos de los electores y candidatos, de cualquier tendencia política, en los municipios de Táchira bajo estado de excepción. La encabezaron el general Gerardo Izquierdo Torres, ministro de Estado para la Nueva Frontera de Paz; los militares que dirigen las zonas de seguridad 1 y 2 de la entidad; el coordinador regional del CNE, Bladimir Pérez, y los directores municipales del Poder Electoral en esas jurisdicciones.
Al término de la reunión, Pérez declaró al diario La Nación: “La instrucción es que, a partir de este 13 de noviembre, todas las organizaciones con fines políticos podrán hacer todas sus actividades electorales con plena normalidad en estos municipios en estado de excepción, garantizando los derechos políticos a todos los candidatos y sus electores, esto para todas las tendencias políticas”.
Este acuerdo verbal, sin embargo, no implica la modificación del decreto presidencial.
Con y sin limitaciones
En Táchira, por donde comenzó el cierre indefinido de la frontera con Colombia, están bajo estado de excepción 10 de sus 29 municipios. Esto es, 29% de la superficie territorial. Allí vive 35% de la población estadal, o más de 441.000 habitantes (INE, 2015).
La zona de seguridad 1 delimitada por el Ejecutivo es un calco exacto de la circunscripción electoral 1 diseñada por el CNE. Comprende los municipios Bolívar (San Antonio), Pedro María Ureña (Ureña), Capacho Viejo (Libertad), Capacho Nuevo (Independencia), Junín (Rubio) y Rafael Urdaneta (Delicias). El eje no solo constituye la frontera hasta hace tres meses más dinámica de la región, sino la “zona cero” del contrabando hacia Colombia.
El candidato del Polo Patriótico, Néstor Sayago, afirmó que no ha tenido limitación alguna para desplegar sus estrategias de campaña. Describió que hasta ahora ha encabezado una caravana, concentraciones de calle y varios casa por casa en comunidades. Fotos en su cuenta de Twitter @NESTOR_SAYAGO así lo demuestran.
Su contrincante, la opositora Laidy Gómez, sí se ha quejado. Durante la precampaña contó que intentaron realizar casa a casa en una comunidad de Capacho, pero tres patrullas de la Guardia Nacional los rodearon. “Esto generó incomodidad a las personas que estábamos visitando y decidimos seguir con la campaña de organización”, explicó entonces.
Gómez juzgó que quien vulneró primero el estado de excepción fue el gobernador Vielma Mora, al organizar actos públicos en las plazas La Confraternidad y Miranda, de San Antonio. “Hicieron acto políticos abiertos”, calificó en rueda de prensa el pasado 2 de noviembre.
La zona de seguridad 2 de Táchira, entre tanto, se yuxtapone con un par de circunscripciones electorales: con Lobatera (capital homónima) y Ayacucho (Colón), dos de los siete municipios que componen el circuito 2, llamado de montaña baja; y con García de Hevia (La Fría) y Panamericano (Coloncito), dos de las 10 jurisdicciones que integran el circuito 3, conocido como de montaña alta. Es decir, el impacto del estado de excepción en estos casos es parcial.
En el ámbito nacional, estas limitaciones afectan 24 municipios y 9 circuitos electorales. Aunque en la frontera del Táchira las consecuencias del cierre hayan eclipsado el entusiasmo por la campaña, en lo que todos los consultados convergen es en que desean ver el sol del 6 de diciembre para salir a votar.