Ni siquiera los abogados de Leopoldo López conocen el contenido y alcance de la decisión de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, emitida sobre la base de una ponencia elaborada por el magistrado Maikel Moreno, a través de la cual se le asignó casa por cárcel al principal dirigente del partido Voluntad Popular. Por lo pronto, el máximo tribunal solo ha informado que hubo “irregularidades en la distribución del expediente a un tribunal de ejecución”.
Sin embargo, Juan Carlos Gutiérrez ofreció pistas sobre los vicios en la tramitación de la causa que fundamentaron el avocamiento del TSJ, una facultad exclusiva de la Sala Penal para intervenir en cualquier proceso cuando detecta irregularidades violatorias del debido proceso.
El 16 de febrero de 2017, la Sala Penal confirmó la sentencia condenatoria a Leopoldo López a 3 años, nueve meses y siete días de prisión, por la comisión de los delitos de asociación para delinquir, instigación a delinquir, daño e incendio, en relación con el desenlace violento de la marcha opositora que se realizó el 12 de febrero de 2014.
Dos semanas después de este fallo en última instancia, la Sala Penal envió el expediente a la presidencia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de Jimail Montiel, a efectos de su remisión a un tribunal de ejecución. “Pero esa remisión nunca se llevó a cabo, pues en la Oficina Distribuidora de Expedientes alegaron que había fallas de foliatura, sellos y firmas. Nosotros denunciamos tal irregularidad, porque ante el tribunal de ejecución podíamos denunciar la situación de tortura y tratos crueles a los que ha sido sometido Leopoldo López en Ramo Verde. En esta etapa del proceso, es al juez de ejecución al que corresponde velar por los derechos humanos del condenado”, argumentó Gutiérrez.
La Oficina Distribuidora envió el expediente al Tribunal 26 de Juicio, pues los supuestos errores fueron cometidos en ese despacho, cuando estaba a cargo de Susana Barreiros, la jueza que dictó la sentencia en primera instancia contra López y que a los pocos meses fue designada Defensora Pública General. Para colmo de males, agregó el abogado, el tribunal 26 de Juicio ha permanecido cerrado por falta de juez.
“Yo mismo me puse a la orden de la secretaría de ese tribunal para indicarle cuáles son las irregularidades, de modo que se corrigieran sin más dilaciones. Pero, insistieron en responderme que mientras no haya despacho por falta de juez, no se podía hacer nada”, indicó Gutiérrez.
Cien veces pedida y cien veces negada
Gutiérrez asegura que los abogados y familiares de Leopoldo López fueron sorprendidos por la medida de casa por cárcel decidida por la Sala Penal del TSJ. “Cien veces la habíamos pedido y cien veces nos la habían negado”, expresó.
El abogado se apresuró a aclarar que hizo esas solicitudes de casa por cárcel contra la voluntad de su representado: “Su posición ha sido y sigue siendo la misma: considera que antes que él deben ser liberados todos los presos políticos, que él debe ser el último en salir de la cárcel. Pero a mí, como abogado, me corresponde procurar todas las medidas a su favor que sean legalmente procedentes. Las razones de Leopoldo López son políticas, las mías como abogado deben ser jurídicas”.
Un grillo electrónico
Para evitar que burle la prohibición de salir de su residencia, a Leopoldo López le colocaron un dispositivo electrónico en el tobillo izuierdo.
“Es un aro gris de plástico y tiene un mecanismo de GPS que se activa si Leopoldo López traspasa el perímetro de su casa, y también si intenta quitárselo o destruirlo”, precisó Juan Carlos Gutiérrez.
Además, el abogado informó que la custodia del dirigente opositor quedó a cargo de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), que se mantendrán apostados fuera de su residencia, ubicada en Los Palos Grandes.