En Venezuela, el contexto electoral ha estado estrechamente ligado a un aumento de la persecución política. Venía en aumento en el camino a las presidenciales del 28 de julio de 2024 y luego, señalan diversas ONG, se profundizó, al punto que previo a los últimos comicios se han registrado picos de detenciones contra dirigentes políticos y sindicales, periodistas y defensores de derechos humanos.
Para este domingo 27 de julio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) organiza las votaciones para elegir alcaldes y concejales en los 335 municipios del país. Hasta este 25 de julio, el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, organización política que lidera María Corina Machado, reporta más de 35 detenciones por motivos políticos, en lo que va de mes.
En la última semana se denunciaron al menos cuatro detenciones. La madrugada del 24 de julio fue sacada arbitrariamente de su casa la secretaria política de Vente Venezuela en Carabobo, Albany Colmenares. Desde el Zulia, también se alertó que la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) apresó al exdiputado del Consejo Legislativo del Estado Zulia, Justo Bermúdez, de Un Nuevo Tiempo (UNT), luego del cierre de campaña del candidato a alcalde de Cabimas, Ramón Chirinos.
Un día antes, fue reportada la detención del presidente de la Federación de Trabajadores del estado Bolívar (Fetrabolívar), Fidel Brito. Se desconoce el paradero de ambos.
“Una orden con varios fines”
“En Venezuela existe desde hace más de una década un patrón de persecución por razones políticas. Es sistemático, se mantiene en el tiempo y es coordinado desde la institucionalidad estatal. Sin embargo, ha sido una constante que, en periodos electorales, o en hitos de movilidad social, el gobierno aumenta patrones de hostigamientos, vigilancia, detenciones arbitrarias y lamentablemente desde hace más de un año desapariciones forzadas de corta y larga duración”, describió la codirectora de Laboratorio de Paz, Lexys Rendón.
En declaraciones a Efecto Cocuyo, la defensora de derechos humanos advirtió que tras las presidenciales del 28 de julio de 2024 ha habido, lo que calificó, un “proceso de persecución preventiva” contra diferentes tipos de liderazgos como forma, afirmó, de incorporar “el miedo” a la población.
El martes 22 de julio, fue apresada la presidenta del Colegio de Enfermeras del estado Barinas, Yanny González, en la misma sede de la institucion gremial, por parte de una comisión mixta de cuerpos de seguridad del Estado.
“La persecución contra liderazgos políticos y sociales es una constante que en momentos de movilidad electoral se convierte en una orden, una política gubernamental con varios fines: atemorizar la acción política-social; neutralizar la capacidad organizativa; desmovilizar, tanto la organización para el ejercicio de participación política, como para la manifestación y la protesta; control social por vía de la violencia estatal, la judicialización y la impunidad como norma; y castigos ejemplarizantes de liderazgos de sectores de sociedad civil para control, fragmentación social y autocensura”, sostuvo Rendón.
El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela reportó la detención del jefe del Comando Con Venezuela en el estado Lara, Manuel Enrique Ferreira, el sábado 19 de julio, en momentos en que se daba la excarcelación de presos políticos que Miraflores, que serían 80, tras el acuerdo con Estados Unidos.
Comicios “no democráticos”
“Dentro de la ausencia de condiciones democráticas para las elecciones, destaca el mantenimiento de un esquema brutal de persecuciones, que incluye no sólo a dirigentes políticos, sino también a estudiantes, representantes de gremios, entre otros”, subrayó el politólogo Jesús Castellanos Vásquez.
Para el también experto electoral es “difícil” ponderar el evento electoral del 27 de julio como democrático, porque además de la opacidad en la organización, negación del derecho a la inscripción y actualización en el Registro Electoral y el hecho de que se haya restringido “severamente” el derecho de candidatos a postularse (inhabilitaciones de dirigentes y tarjetas, partidos intervenidos) se produce en un clima de “violencia contra la disidencia” a la administración de Nicolás Maduro.
“Tras el 28 de julio, Venezuela entró en una nueva etapa en los procesos electorales. Del declive del autoritarismo electoral competitivo entre 2017 y 2024, se pasa a un autoritarismo electoral cerrado. Este evento del 27 de julio, al igual que el del 25 de mayo, se caracteriza por ausencia de condiciones electorales mínimas democráticas, enmarcadas en un clima de gran violencia contra la disidencia del régimen”, enfatizó el politólogo.
El pasado viernes, 18 de julio, se produjo un “canje de prisioneros” entre Estados Unidos y la administración de Nicolás Maduro: 252 venezolanos detenidos ilegalmente en El Salvador por 10 estadounidenses encarcelados en Venezuela. Ese mismo día, se alertó desde el estado Bolívar, sobre las detenciones arbitrarias del dirigente sindical de CVG-Venalum en Guayana, Fernando Serrano, y de Ángel Rivas, a quien funcionarios policiales se llevaron al no encontrar a su esposa, la presidenta del colegio de enfermeras, Maritza Moreno, en la vivienda de ambos.
El viernes 18 de julio, se conoció la detención del dirigente estudiantil de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Simón Bolívar. Al igual que sucede con los casos ya mencionados, se alerta que el joven es víctima de desaparición forzada, puesto que se desconoce su ubicación.
Días antes, miembros de la Federación de Centros Universitarios protestaron a las puertas del Ministerio de Educación Superior en el centro de Caracas para rechazar la decisión de eliminar las pruebas internas en las universidades públicas.
“Se criminaliza”
“Se criminaliza la participación, la disidencia y la movilización de cualquier liderazgo -fuera de la coalición de gobierno, real o concertada- aun cuando estén promoviendo la participación electoral, señalándola de terrorista, conspiradora, para abrir la compuerta de la persecución contra cualquier disidencia sobre todo si tiene capacidad de movilidad social de base”, subrayó Rendón.
Desde principios de julio, dirigentes sindicales del sector petrolero han denunciado la detención de un número importante de trabajadores de la industria en las refinerías de Paraguaná, Anzoátegui y El Palito en Carabobo.
Tanto José Bodas Lugo como Iván Freites, secretario general y secretario de profesionales y técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv), respectivamente, han reportado que 18 trabajadores de El Palito; 35 de Anzoátegui y 25 de Paraguaná fueron apresados en sus casas o sitios de trabajo y sometidos a desaparición forzada, para luego conocer sobre su traslado a las cárceles Yare I y II del estado Miranda.
“En un gobierno sin legitimidad, no democrático las formas del debido proceso se pierden y la violencia estatal y de persecución política se convierte en la constante”, agregó la defensora de DDHH.
Para el 24 de mayo, un día antes de los comicios regionales y parlamentarios, se reportaron más de 70 apresados en 48 horas, señalados de “conspiración”, entre ellos el dirigente de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa.