El ahora nuevo representante de Copei ante la Mesa de la Unidad Democrática, Enrique Mendoza, considera que “ya basta que una cúpula sea la que decida. Los candidatos de Copei deben tener el aval de las direcciones regionales”, dijo el diputado a la Asamblea Nacional, quien aseguró que, aunque no maneja información de la posible sustitución de Roberto Enríquez como abanderado a las parlamentarias, “mantiene la expectativa sobre el tema de las candidaturas”.
El exgobernador del estado Miranda se enteró la mañana de este viernes, 31 de julio, que fue escogido por la junta ad hoc que designó el Tribunal Supremo de Justicia este jueves 30 de julio, y tildó a la nueva directiva de “rebelión de las regiones”.
“Yo creo que cuando uno se mete en lo político uno tiene que saber ganar o perder y tenemos que entender que Copei está por encima de esto. El próximo año deberán hacerse nuevas elecciones para escoger la representación del partido”, fue el mensaje que le envió a Enríquez.
Lamentó la intromisión del Tribunal Supremo de Justicia en los asuntos internos del partido y recordó que la responsabilidad de esto la tienen Enríquez y Luis Ignacio Plana “por acudir a los tribunales cuando tenían la pugna entre ellos”.
Plana también fue destituido junto a la directiva que lo acompañaba por no convocar elecciones internas en 2011.
La otra cara. Roberto Enríquez está evaluando con sus abogados las acciones judiciales que emprenderá en los próximos días para restituir a las autoridades. “Estamos en presencia de una cosa insólita. Nosotros somos las autoridades electas democráticamente y ahora están instalando una comisión de desconocidos. Es una maniobra de Caballo de Troya”, respondió vía telefónica.
Aseguró que la junta impuesta por el TSJ está integrada por “agentes del Gobierno” cuando se le preguntó sobre la denuncia que hicieron las nuevas autoridades de Copei Pedro Urrieta, Ibis Alemán, Alexis Gutiérrez, Wilgen Fernández, Silvia Melina Vásquez, Orlando Medina y Miguel Salazar por la presunta vulneración de sus derechos a la participación política.
“Es evidente que son agentes del Gobierno dentro del partido. Si ellos están reclamando que quieren ser candidatos y no resultaron ganadores lo lógico es que se le otorgue un recurso a la persona que denuncia, pero no que comentan esta acción contra el partido (…) es un golpe de Estado”, dijo.
En la sentencia del TSJ se expresa que la nueva junta había solicitado la restitución de los directivos de los estados Delta Amacuro, Anzoátegui, Yaracuy y Aragua. También se alega que el presidente del partido suscribió, arbitrariamente, el documento de la transición “sin darle la oportunidad a la dirección nacional y de los estados para discutirlo”.