La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) y al procurador del mandatario Nicolás Maduro.
En junio pasado la Sala Constitucional designó como directiva del CNE a Indira Alfonzo (presidenta), Rafael Simón Jiménez (vicepresidente, aunque después renunció al cargo), Tania D’ Amelio, José Luis Gutiérrez y Gladys Gutiérrez.
Sin embargo, las sanciones de este viernes, 4 de septiembre, alcanzan a la presidenta del organismo, Indira Alfonzo, quien antes era magistrada y presidenta de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y al rector José Luis Gutiérrez, hermano del dirigente de AD, Bernabé Gutiérrez.
La medida la justifican en que tanto Alfonzo como Gutiérrez “han facilitado los esfuerzos del ilegítimo régimen de Maduro para socavar la independencia y el orden democrático de Venezuela”.
Alfonzo ya tenía una sanción internacional. En el año 2018 la sancionó el Gobierno de Canadá, tras los resultados de las elecciones presidenciales de mayo de ese año, en las que Nicolás Maduro fue reelecto para un segundo periodo.
“Sus acciones son parte de un esquema de interferencia electoral más amplio para evitar que se celebren elecciones parlamentarias libres y justas en diciembre de 2020 mediante la reestructuración del Consejo Nacional Electoral y el control de la riqueza y los activos del estado para fines del régimen a través del Fiscal General”, dijo el secretario del Tesoro Steven Mnuchin al emitir las sanciones.
Anteriormente otros rectores del CNE como Tania D’ Amelio y Gladys Gutiérrez, en su condición de magistrada del TSJ, recibieron sanciones de EEUU.
Alcanzan a procurador y a David De Lima
Esta vez, los otros dos sancionados fueron el exgobernador del estado Anzoátegui, David De Lima y el procurador de la República Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza.
De este último dijeron que su cargo no es reconocido por la Asamblea Nacional venezolana, pero además que lo sancionan “por su colaboración política con el régimen ilegítimo de Maduro, que obstaculiza la legítima defensa de los intereses venezolanos y la transición de la nación a la democracia”.
Compra de diputados
A De Lima lo acusaron de operar con el respaldo del ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, para la compra de los diputados de oposición que en enero de 2019 no aprobaron la reelección de Juan Guaidó como presidente del Parlamento.
Lo relacionaron además con el empresario colombiano, hoy preso en Cabo Verde, Álex Saab, al que señalaron de suministrar el dinero para asegurar el voto de los parlamentarios.
“El dinero en efectivo para los sobornos supuestamente fue proporcionado por las redes de lavado de dinero y corrupción de El Aissami y Saab. De Lima Salas todavía juega un papel fundamental en socavar la democracia venezolana y manipular las próximas elecciones parlamentarias de 2020”, aseguró Mnuchin.