Familiares de presos políticos militares, junto a la ONG Justicia Venezolana, exigieron este 19 de junio que la Alta Comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, en su visita a Venezuela, asista el caso de los 200 militares detenidos, a quienes aseguran se le han violado sus derechos humanos y el debido proceso.

“No puede retirarse de Venezuela sin conocer la realidad de los militares detenidos. A todos estos casos se les ha violado el debido proceso y se le han violado sus derechos”, dijo Lilia Camejo, directora de Justicia Venezolana.

La abogada afirmó que a estos militares detenidos se les ha afectado su estado de salud. Aseguró que la mayoría sufre de problemas de tensión arterial, además de enfermedades en la piel y la visión.

Camejo afirmó que su organización está gestionando participar en la reunión en la que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) recibirá a las organizaciones que defienden los derechos humanos y entregarle un informe detallado sobre estas violaciones.

También indicó que el estado en el que se encuentran estos detenidos no cumplen los estándares internacionales de reclusión. Además una gran parte de ellos no reciben atención médica ni visitas de sus familiares.

Leonela Difurt, esposa del teniente coronel Henry Medina Gutiérrez, detenido el 2 de marzo de 2018, acusado de traición a la patria, instigación a la rebelión y contra el decoro militar, invitó a Bachelet a visitar los centros de reclusión para constatar el estado de los detenidos.

“Hay hacinamiento en la cárcel militar de Ramo Verde. Todos han deteriorado su salud significativamente”, expresó.

Difurt agregó que “la situación es preocupante” por lo cual insistió en que no culmine su visita, prevista del 19 al 21 de junio, sin ofrecer una solución a la situación que atraviesan los detenidos militares.

Loredana Hernández, hija del general Héctor Hernández Da Costa, detenido el 13 de agosto de 2018, acusado de estar vinculado a la planificación del intento de magnicidio a Nicolás Maduro del 4 de agosto, denunció que a su padre le han vulnerado sus derechos durante la detención y reclusión.

“Tiene 6 meses sin ver el sol. Está encerrado todo el día en un cuarto. Se puede alimentar bien solo por lo que le llevamos”, dijo Hernández.

Se encuentra recluido en un sótano de la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en Boleíta. En las visitas no lo dejan ver a su familia completa, deben desnudarse y siempre un micrófono monitorea las conversaciones.

Denunció que han sido víctimas de allanamientos sin órdenes en cuatro ocasiones, en las cuales le han robado y golpeado. Pero la oportunidad más grave, fue el día de su detención, contó Hernández.

“Entraron a nuestra casa y nos robaron todo. Nos dijeron que somos familia de terrorista y que por eso no tenemos derechos”.

Además, también le acusan de asociación para delinquir y de terrorismo. Esperan que los juzguen el próximo primero de julio. Sin embargo, Hernández reafirma que su padre es inocente.

“Siempre tiene la esperanza de salir y que haya justicia”, dijo.

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Foto: Cristofer García.