El fiscal general de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) prohibir la salida del país, congelar sus cuentas bancarias y prohibirle enajenar y gravar bienes al presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.
En una breve comparecencia en las afueras del TSJ Saab señaló, este martes 29 de enero, que Guaidó es el responsable de los hechos que desde el pasado 22 de enero “han dañado la paz de la República y nuestra economía y el patrimonio nacional”, explicó.
El fiscal aclaró que se trata de una investigación preliminar que adelanta el Ministerio Público para continuar indagando y puedan “detener estos actos”, por lo que hizo la solicitud al presidente del TSJ, Maikel Moreno.
Saab también manifestó que desde el martes pasado países extranjeros han actuado en irrespeto de la Constitución de Venezuela, entre las que mencionó el congelamiento de cuentas de la República en el extranjero.
Insistió que todas estas solicitudes las dirige Guaidó, por lo que decidieron iniciar la investigación en su contra.
Este lunes 28 de enero, Estados Unidos ordenó congelar activos de Pdvsa en su territorio y Guaidó dijo este martes desde el Palacio Federal Legislativo que la solicitud de proteger los activos de Venezuela en el exterior buscan proteger los dineros de los venezolanos, para que no sean usados en hechos de corrupción.
El pasado miércoles 23 de enero el presidente de la Asamblea Nacional asumió las competencias de la Presidencia de la República para iniciar “el cese de la usurpación, el gobierno de transición y elecciones libres”.
Este anuncio llevó al gobernante Nicolás Maduro y los Poderes Judicial, Ciudadano y Electoral a denunciar un “golpe de Estado” contra el mandatario que se juramentó ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el pasado 10 de enero, acto que es considerado como una usurpación por el Poder Legislativo y que desconocen países como Estados Unidos, Canadá, el Grupo de Lima y la Unión Europea.
Ya el mismo martes 22 de enero Saab dijo que el Ministerio Público actuará ante lo que consideran es una “nueva declaración de guerra” de los que llamó “sectores radicales de la oposición”, a quienes acusó de querer reeditar las protestas de los años 2014 y 2017.
Además, una serie de protestas en zonas populares de Caracas y otras ciudades del país desde el pasado 21 de enero han dejado ya 850 personas detenidas y al menos 40 heridos, según las cifras que dio a conocer este 29 de enero la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Entre los fallecidos, al menos 26 murieron por disparos de miembros de las fuerzas de seguridad o grupos armados de apoyo al gobernante Nicolás Maduro, según destacó en rueda de prensa el portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Rupert Colville.
El funcionario dijo que de esas víctimas, cinco murieron en allanamientos ilegales y 11 en saqueos que ocurrieron en paralelo a las protestas. La Oficina también mencionó que hay 77 adolescentes detenidos, a quienes según las ONG venezolanas les han violado el debido proceso durante sus aprehensiones.
Hasta la fecha el Ministerio Público venezolano no ha ofrecido un balance de estas detenciones ni se ha pronunciado por las denuncias de detenciones arbitrarias que denuncian se han dado en este tipo de manifestaciones.
Las ONG han señalado principalmente a las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de cometer ejecuciones policiales y allanamientos ilegales en zonas populares.
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