A las horas de conocerse el llamado a consultas del embajador por parte del Gobierno de Colombia, Miraflores hizo lo propio con el jefe de la misión diplomática venezolana en Bogotá, Iván Rincón. La canciller Delcy Rodríguez informó que ha sido llamado por las “agresiones” causadas por el “paramilitarismo” y la “guerra económica”.
“Revisaremos integralmente las relaciones con Colombia, en razón de las agresiones que sufre nuestro pueblo por el paramilitarismo y guerra económica”, dijo la canciller en su cuenta de Twitter, donde también lamentó que los “avances” de la reunión bilateral del miércoles, 26 de agosto, se vieran “frustrados” por la “soberbia” de las autoridades colombianas.
“Ratificamos al hermano pueblo de Colombia nuestros lazos de amistad y unión basados en una historia común de libertad e independencia!”, añadió Rodríguez tras el anuncio.
El llamado a consultas se realiza poco después de que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, también convocara a su embajador en Venezuela, Ricardo Lozano, ante la negativa del Gobierno de Maduro de permitir la entrada al defensor del Pueblo colombiano, Jorge Armando Otálora, a ese país para tratar el tema de los deportados.
El anuncio del gobernante se hizo después de que se frustrara un encuentro en la frontera entre Otálora y el gobernador del estado Táchira, José Vielma Mora, para “iniciar un proceso de verificación” de las propiedades que los deportados dejaron en ese país, según el defensor colombiano.
Vielma Mora declaró al canal estatal venezolano VTV que las deportaciones de colombianos que habitaban de manera ilegal en la zona concluyeron sin que se haya producido “ninguna violación de los derechos humanos”.
Al menos un millar de colombianos que habitaba de forma ilegal -muchos de ellos desde hace varios años- en la zona fronteriza han sido deportados en los últimos días hacia Cúcuta, de acuerdo con datos de Migración de Colombia.
EFE