“Que se suspenda de inmediato y se investigue de manera independiente y exhaustiva el lanzamiento de gases tóxicos, disparos de perdigones y armas de fuego contra los manifestantes, locales comerciales, centros de salud y vehículos”, pidió el rector de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), Francisco José Virtuoso, al leer un comunicado.
Tras casi una semana de protestas lideradas por la oposición, la Iglesia católica se pronunció este miércoles, 12 de abril, contra los actos represivos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y de “bandas ilegales”. Desde la sede de la Ucab en Chacao, el rector leyó un documento en compañía del cardenal Jorge Urosa Savino, arzobispo de Caracas, y el vicecanciller de la casa de estudios, Rafael Garrido, provincial de la Compañía de Jesús.
“Ante estas demandas legítimas de nuestro pueblo, el Gobierno ha desplegado una represión indiscriminada y sistemática contra la población civil, haciendo uso irresponsable e ilegal de la fuerza”, reza el comunicado.
Urosa Savino advirtió que la represión contra quienes protestaban fue “absolutamente desmedida” y denunció la “ilegalidad absoluta de grupos armados que actúan con presunta impunidad… Esas bandas son ilegales e incurren en delitos y el Gobierno no puede seguir amparándolas” dijo. Añadió que los culpables de reprimir a los manifestantes deben ser llevados a tribunales.
Ante los exhortos de la Mesa de la Unidad Democrática a participar este miércoles, 12 de abril, en la procesión del Nazareno con una bandera de Venezuela, el cardenal pidió a los venezolanos no politizar los actos religiosos.
“No debemos politizar la procesión del Nazareno ni los actos religiosos que se vayan a realizar hoy ni en ninguna circunstancia”, remarcó. Agregó que el Episcopado nunca llamó a ir a las Iglesias a protestar y dio gracias a Dios porque los políticos exhortaron a la ciudadanía a rezar por el país.
“El país vive una grave crisis política que ha sido diagnosticada tanto internamente como externamente”, denunció Virtuoso. Entre las exigencias de las protestas leídas en el comunicado se mencionan el reconocimiento de la Asamblea Nacional y sus funciones, levantar “la inconstitucional inhabilitación política dictada contra el gobernador Henrique Capriles” y que el Poder Ciudadano califique de faltas graves las decisiones de la Sala Constitucional denunciadas por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz.
“El Estado tiene un límite que no puede transgredir y son los derechos humanos. No se pueden sacrificar los derechos humanos con el pretexto de restaurar el orden público”, leyó Virtuoso.
Añadió que “exigimos al Gobierno en nombre de Dios: que cese la represión y la criminalización de las manifestaciones pacíficas mediante las cuales el pueblo expresa su descontento y demanda cambios”.