Para el abogado penalista Luis Izquiel, la propuesta del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, de incrementar la pena máxima constitucional de 30 a 50 años muestra la intención de implementar el derecho penal del enemigo, el cual está dirigido a combatir a personas consideradas enemigas.
Izquiel califica de “lamentable” la propuesta de Moreno el pasado martes 15 de agosto ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), dado que “la planteó no por razones de seguridad ciudadana sino por razones políticas”.
“Digo que la propuesta la hizo por razones políticas porque los delitos mencionados por el presidente del TSJ son casualmente los delitos que se les atribuyen a los manifestantes o disidentes políticos: delitos de odio, traición a la patria, terrorismo”.
En Venezuela existe, a juicio del jurista, una tendencia a definir delitos y aumentar las penas, lo cual va configurando la llamada “demagogia legislativa”. Esta tendencia puede evidenciarse en los casos de sicariato, secuestro, robos, hurtos y homicidios, delitos en los que el aumento de la pena no ha conseguido su disminución.
“Es demagogia legislativa porque lo que impacta, en materia de seguridad, no es el aumento de la pena, lo que tiene impacto es la efectividad en la aplicación de la pena, y la realidad del sistema judicial venezolano lo que muestra es una elevada impunidad”, explica Izquiel.
Ante la inefectividad del sistema de justicia venezolano, “el aumento de la pena es una cosa risible para los delincuentes”, asegura el abogado, quien considera que tal medida, por lo menos en el corto plazo, no podrá implementarse dado que para ello se requiere previamente de una modificación constitucional.