El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, insistió en pedirle a Chile explicaciones por las declaraciones de uno de los presuntos implicados en el atentado fallido contra el presidente Nicolás Maduro, en los que involucra a la embajada de ese país en Venezuela.
En una rueda de prensa que ofreció este lunes, 24 de septiembre, Rodríguez mencionó que “queremos que se explique por qué razón Henryberth Rivas recibe la instrucción de dirigirse a la embajada de Chile y a la residencia de uno de sus diplomáticos”.
Este mismo lunes el canciller chileno, Roberto Ampuero, calificó de inaceptable que el Gobierno venezolano considerara alguna implicación del país austral en lo que la gestión de Maduro califica como un “magnicidio en grado de frustración” para referirse al atentado fallido contra el mandatario del pasado 4 de agosto.
“Esas declaraciones son calumniosas, livianas e irresponsables. Atribuir una acción de este tipo al Gobierno de Chile es inaceptable“, dijo Ampuero desde la Cancillería chilena en respuesta a los señalamientos que este domingo hizo el propio Rodríguez.
No obstante, Venezuela subrayó que pese a los comunicados de rechazo de los otros países señalados como México y Colombia, espera que estas tres naciones inicien “investigaciones serias y profundas” sobre este tema.
Rodríguez recordó que Rivas figura como uno de los principales autores materiales del ataque con dos drones cargados con explosivos contra Maduro, el alto mando militar y político del partido de gobierno, a quien le habrían dicho que acudiera a pedir apoyo en la embajada de Chile en Venezuela después del atentado.
Este domingo, el ministro presentó un video de Rivas en el que confesó recibir orientaciones para buscar respaldo también, en las legaciones diplomáticas de Colombia y México, tras cometer el ataque.
“El Gobierno venezolano no está haciendo las aseveraciones, lo que pide a Chile es que aclare si los señalamientos son ciertos”, resaltó el funcionario que añadió que la situación con Colombia es más compleja porque involucra a funcionarios de Migración, la compra de los explosivos en ese territorio, la preparación y logística del atentado y la acusación contra el expresidente Juan Manuel Santos, de darle respaldo a los implicados.
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