“Nosotros no vamos a extraditar a Julio Borges para que una dictadura abuse de sus derechos humanos”, declaró el primer mandatario de Colombia, Iván Duque, ante la segunda solicitud de extradición que emitió el Gobierno de Nicolás Maduro.
Laura Louza, directora de la ONG Acceso a la Justicia, afirmó que esa segunda solicitud pierde su validez por dos razones: por ser una “ampliación” de una primera solicitud, basada en un delito político y emitida el 21 de agosto de 2018, y por el hecho de que el diputado de la Asamblea Nacional (AN) corre el “peligro de ser toturado o asesinado si vuelve a Venezuela”.
Explicó que en la primera sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), se acusa a Borges de traición a la patria, y que este es el delito político “por excelencia”. Por la naturaleza del delito, la extradición es improcedente, según el artículo 4.4 de la Convención Interamericana sobre Extradición.
En este caso, si el Gobierno de Iván Duque sospecha o cree que el diputado Borges es perseguido con fines políticos, el artículo 3 de la Convención sobre Asilo Territorial otorga al Estado colombiano la potestad de decidir si entregar o no al venezolano.
“La segunda solicitud de extradición es una ampliación de la primera, solo que el gobierno intenta ocultar la razones de la sentencia original mediante la imputación de nuevos delitos”, dijo Louza, y señaló que el gobierno cometió un “error infantil” del que no se puede retractar: acusar a Borges de traición a la patria y pedir su deportación por eso.
Agregó que las denuncias de violación de derechos humanos en la Corte Penal Internacional, el estado en que se encuentran las cárceles, las declaraciones de Lorent Saleh sobre las torturas en prisión, y los casos del concejal Fernando Albán y el exmilitar Modesto Díaz, son pruebas más que suficientes para entender lo que viven los presos en Venezuela.
“La falta de atención médica está comprobada. Los presos están en la posibilidad de morir ahí dentro de las cárceles”, expuso la vocera de Acceso a la Justicia.
Sin credibilidad
Por su parte, Edgar López, asesor editorial de la ONG Proiuris, destacó que el Gobierno de Nicolás Maduro no tiene credibilidad a nivel internacional y que, a pesar de comprometerse con resguardar la integridad de Borges, no conseguirá que el gobierno de Iván Duque coopere con la solicitud de extradición.
“La violación a los derechos humanos que practica el Gobierno de Maduro ha sido documentada por organismos internacionales, como el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh). Esto convierte al Estado venezolano en un ente proclive a las torturas y la represión“, señaló López.
Para el experto la persecución contra Borges es sistemática, para estigmatizarlo como un traidor a la patria.
Foto: Noticiero 52
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