A la espera estaban los diputados que integran la Comisión Permanente de Política Exterior cuando recibieron el mensaje. Fue la parlamentaria Maribel Guédez la que interrumpió la lectura de la orden del día para anunciar que uno de los funcionarios citados para este miércoles, 17 de febrero, el vicepresidente de Operaciones Internacionales del BCV, Luis Laviosa, no asistiría a la comparecencia. La razón: debía estar presente en la institución debido “al inminente anuncio de las medidas económicas” que daría el presidente Nicolás Maduro.
El presidente del Cencoex, Rocco Albisini; el presidente del Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS), Carlos Rotondaro; el ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, Oswaldo Vera; y el ministro del Poder Popular de Banca y Finanzas, Rodolfo Medina del Río, todos convocados, tampoco asistieron.
Sin embargo, a diferencia de Laviosa, ninguno había notificado las razones de la ausencia ni pedido que se reprogramara el encuentro para otra fecha al momento en que se realizó la reunión.
Por segunda vez, los funcionarios embarcaron a los diputados de la Comisión Permanente de Política Exterior. No obstante, por primera vez se propuso en el despacho que no se hicieran más invitaciones a los funcionarios, sino que las solicitudes de rendición de cuentas se rigieran por la Ley de Comparecencia. En esta se establece que no atender al llamado de los parlamentarios acarrea sanciones, desde multas hasta remoción del cargo por un período de dos a tres meses.
La diputada del Táchira por la Unidad, Sonia Medina, propuso que se hiciera uso de esta ley ante la ausencia de los funcionarios. “Lo que hemos hecho es librar oficios en orden de comparecencia en sentido de invitación“, especificó, “esta comisión no puede ser burlada en su misión”. Pidió que de no haber respuesta por parte de los convocados se apliquen los artículos 21, 22 y 23.
En las normativas se precisa que las multas que deberán pagar los funcionarios ante la omisión injustificada del llamado van desde 300 unidades tributarias (U.T.) hasta las 600 U.T. De acuerdo con el aumento anunciado en la Gaceta Nº 40.846 del pasado viernes 12 de febrero, que oficializó la UT en 177 bolívares, las sanciones monetarias oscilan entre los 50 mil y los 106 mil bolívares.
Como pena accesoria, la ley también contempla que se sancione al funcionario público con la suspensión del cargo por un período de tiempo, sin goce del sueldo.
Maribel Guédez, diputada de la MUD por Barinas, apoyó la medida propuesta por Medina. Luis Florido, también de la Unidad y a la cabeza de la comisión, se mostró a favor de la propuesta e hizo énfasis en la responsabilidad que tienen los funcionarios públicos de comparecer por el cargo que ostentan.
“Asumamos el compromiso”, pidió Florido, “así como están las deudas con los chinos, están las deudas con los estudiantes y jubilados en el exterior. Esas deudas valen“.
El parlamentario también aseguró que, de no tener respuesta, se trasladaría la comisión al Banco Central de Venezuela (BCV) y a las demás instancias bajo la mira. Acto seguido, los invitados de la sala, entre ellos padres de estudiantes en el exterior, aplaudieron. “Si nosotros tenemos que meternos en el BCV, allá iremos. Si nos tenemos que meter en el Ministerio de Finanzas, allá iremos“, agregó.
Yul Jabour, diputado del Partido Comunista de Venezuela y miembro del Bloque de la Patria, apuntó que no se opondría a que se investiguen las denuncias hechas por jubilados y estudiantes en el exterior por la falta de divisas.
“Nosotros nunca vamos a estar en desacuerdo con ninguna investigación que sea hecha de una denuncia“, señaló Jabour, también a favor de que se cumpla la Ley de Comparecencia. Solicitó que se hicieran todos los actos administrativos que fuesen necesarios para iniciar las investigaciones.
Todos los diputados presentes en la reunión de la comisión de este miércoles —Luis Florido, William Dávila (MUD), Sonia Medina, Maribel Guédez y Yul Jabour— votaron a favor de que las invitaciones a los funcionarios públicos se rijan por la Ley de Comparecencia.
A través de la rendición de cuentas, la comisión persigue investigar los casos de entrega de divisas a estudiantes y jubilados residenciados fuera del territorio nacional.
Los miembros de la comisión aseguran recibir constantemente denuncias de venezolanos en el exterior que no perciben divisas. La diputada Sonia Medina señaló que, a pesar de que tienen cerca de 12 mil casos registrados, estiman que son 25 mil estudiantes los que se ven afectados ante la falta de divisas.
La próxima reunión, informaron, será para el 2 de marzo, puesto que parte de los miembros de la comisión irá a Brasil para informar la situación del país en una gira.
La prensa también propone
Una revisión a la Ley Resorte, a la Ley de Telecomunicaciones y al Código Penal fueron las propuestas planteadas en la reunión con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y la Cámara de Periódicos este miércoles ante la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación.
Marco Ruíz, secretario general del SNTP, advirtió que estas normas “atentan contra la actividad periodística” y precisó que la mayoría de los hechos violentos perpetrados contra los periodistas provienen de militares.
También solicitó a la comisión que se investigue el financiamiento a los medios de comunicación. “Es prioridad que el Complejo Alfredo Maneiro deje a un lado el monopolio que ha provocado que 15 periódicos dejen de circular en Venezuela”, dijo.
El vicepresidente de la Cámara de Periódicos Regionales y director del diario zuliano Qué Pasa, Gastón Guisandes, aseguró que no hay suficiente papel periódico en el país para todos los medios. Agregó que se busca denunciar que el cierre de medios continúa y que se exige al Complejo Maneiro que se administren correctamente los recursos de la prensa.
“Si a mí no me llega el papel en ocho días, yo cierro“, dijo, “yo le he pedido al Complejo Maneiro que me vendan papel y no lo hacen, porque no tienen”.
Escuche aquí las declaraciones del vicepresidente de la Cámara de Periódicos Regionales: