El inicio del proceso de diálogo entre el Gobierno y la oposición frenó la agenda legislativa. Temas como la declaración de responsabilidad política del presidente Nicolás Maduro fueron diferidos en favor de los acuerdos a los que esperan llegar los actores políticos con mediación del Vaticano.
Otros más como el nombramiento de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral y la destitución de los magistrados exprés del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) también quedan pendientes.
Voceros de oposición han dado un plazo hasta el 11 de noviembre antes de retomar estos procesos con la expectativa de que el Gobierno de muestras concretas de “buena voluntad”.
El presidente de la subcomisión de Asuntos Electorales de la AN, Juan Guaidó, –en una declaración ofrecida el 2 de noviembre- dijo que la “hoja de ruta del Parlamento y de la MUD continúan inalterables”.
Sin embargo, las nuevas autoridades del CNE no han sido escogidas pese a que Guaidó anunció, el pasado 23 de octubre, que serían designadas en los próximos días.
La destitución de los magistrados exprés inauguró el segundo periodo ordinario de sesiones. El martes 20 de septiembre, la bancada de la MUD retomó la remoción de los juristas con la reactivación del comité de postulaciones judiciales a pesar de que el TSJ emitió una sentencia en la que declaró inconstitucional la acción del Parlamento.
El tema fue desplazado por el revocatorio, en principio, y actualmente espera se logre un consenso en las mesas de trabajo para el diálogo, como parte de la reinstitucionalización de los poderes del Estado que exige la oposición.
La nacionalidad del presidente Nicolás Maduro tampoco fue discutida. Inicialmente, sería tema de la sesión del 23 de octubre, pero la diputada Dennis Fernández, pidió su diferimiento hasta tener, en las siguientes horas de aqule día, una “prueba contundente”.
La prueba sería presentada el martes 25 de octubre, pero entonces se dio inicio al procedimiento para declarar la responsabilidad política de Maduro.
El máximo tribunal del país respondió con una sentencia en la que ratifican la nacionalidad venezolana del Jefe de Estado.
El presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, reflexionó sobre el costo político que asumió la coalición para evitar una confrontación violenta en el país.
“Todos pagamos el costo político por sentarnos en la mesa de diálogo y es un costo que se debe asumir. Hay que asumirlo con coraje y decirlo claramente porque el costo sería mucho mayor de negarse a sentarse en la mesa de diálogo y resolver los problemas de Venezuela”, declaró en el Hemiciclo.
Este martes 8 de noviembre tampoco se abordarán los temas “calientes”. La Secretaría de la AN publicó el orden del día en el que se contemplan los siguientes puntos:
#SesionAN debatirá el deterioro de las condiciones económicas y sociales. Ley Intercultural Bilingüe y Ley Emolumentos del personal docente pic.twitter.com/okdnJJSrLb
— ROBERTO MARRERO (@ROBERTOMARRERO) November 7, 2016
Foto: Asamblea Nacional