El sociólogo Luis Pedro España aseguró que la Constituyente debe enfrentarse porque aumentará la conflictividad social. Citó estudios de opinión según los cuales 76% de los venezolanos rechaza la convocatoria, porque no contribuye a resolver la crisis y “representa una trampa del gobierno para mantenerse en el poder”.
Las afirmaciones las hizo el pasado jueves, 1 de junio, durante el foro “Implicaciones y retos ante el fraude constituyente”, realizado en la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) y en el que también participaron el diputado Juan Miguel Matheus, la internacionalista Elsa Cardozo y el abogado Miguel Mónaco.
Durante el encuentro, los especialistas analizaron los riesgos sociales, políticos, jurídicos e internacionales que supone la Constituyente convocada por el Ejecutivo Nacional.
España advirtió que la crisis de gobernabilidad acentuada por la Constituyente puede conducir a tres escenarios: un período dictatorial, una intervención de la Fuerza Armada o una transición hacia la democracia.
Preocupación hemisférica
La internacionalista Elsa Cardozo afirmó que la comunidad internacional está muy sensibilizada ante esta situación. Señaló que las declaraciones de voceros del Vaticano, así como las discusiones en el seno de la OEA y el Parlamento Europeo confirman que la instalación de esta asamblea acentuará la crisis, lo que representa un problema de seguridad para toda la región.
“Nos estamos convirtiendo en un país generador de inseguridad regional. La militarización de la seguridad en Venezuela, entendida como seguridad del régimen, también se proyecta de muchas maneras. Una de ellas es la emigración de venezolanos, el tema de los refugiados venezolanos preocupa a varios países. Pero también está el hecho de que la erosión de la institucionalidad es el caldo de cultivo para que Venezuela se convierta en un nodo del crimen internacional organizado”.
Activar el 333 y lucha organizada
El abogado Miguel Mónaco, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Ucab, rechazó que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo haya emitido una sentencia donde asegurara que no es necesario un referéndum para convocar a una Constituyente.
Recordó que de acuerdo con los artículos 347 y 348 de la Constitución, solo el pueblo tiene la potestad para decidir, a través de una consulta electoral, si se convoca o no este órgano. Advirtió que el país y los ciudadanos se encuentran en una situación jurídica muy delicada.
“Cuando se dicta el decreto 2.830, el presidente de la República tomó por todos nosotros la decisión de derogar la Constitución. Esto implica que ya se decidió derogar el cuerpo normativo donde aparece que usted tiene derecho a la libertad, al libre desenvolvimiento de su personalidad, a la libertad de tránsito, a criar a sus hijos como quiera o el derecho a la propiedad. Estamos entrando en una fase peligrosa del fascismo que es la dictadura soberana, donde una sola persona asume la soberanía del pueblo y decide cambiar la Constitución”.
El jurista llamó a los distintos sectores de la sociedad a prepararse para la aplicación del artículo 333 de la Carta Magna, según el cual “la Constitución no perderá vigencia” si fuese “derogada por un medio distinto al previsto en ella” y los ciudadanos tienen el deber de colaborar en su restablecimiento.
En esto coincidió el diputado Juan Miguel Matheus, quien aseguró que desde el parlamento trabajarán para desarrollar el principio del artículo 333 y articularán los esfuerzos para “rescatar la institucionalidad”.
“Sin embargo, tenemos que entender que la Asamblea Nacional y los partidos políticos no podemos monopolizar la lucha. La defensa de la Constitución y el rescate de la democracia son responsabilidad de la sociedad entera. Nosotros tenemos nuestro rol, pero es la sociedad en todas sus expresiones la que debe mantenerse en la calle presionando. ¿Cuánto tiempo va a tomar? Nadie lo sabe. Pero debemos mantenernos firmes en nuestra lucha”.