Las conversaciones entre el oficialismo y la oposición tienen sus detractores dentro la política. El partido Marea Socialista, cuya sede fue allanada por efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) el pasado viernes 10 de junio, se pronunció con respecto a las iniciativas de ambos bandos y denunció que otras organizaciones no son tomadas en cuenta en estos esfuerzos.
“El diálogo entre la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y el Gobierno nos encajona en una polarización forzosa”, expresó Gonzalo Gómez, coordinador nacional del partido, “otras alternativas se quedan por fuera”.
Las conversaciones entre ambas facciones políticas, explicó Gómez, se dan dentro de un contexto social conflictivo, en donde cada vez son más frecuentes las protestas por comida.
“Ha habido brotes en varias ciudades del país con gente reclamando alimentos“, dijo. Sin embargo, frente a esta situación, la posición del partido es afrontar el problema y que las mismas fuerzas de seguridad ayuden a resolver el problema en lugar de usar la represión.
El coordinador nacional de Marea Socialista agregó que la deuda soberana “es pagada con el sacrificio de los venezolanos” y que las importaciones de alimentos y medicinas fueron recortadas en 70% para cumplir con la mora.
Para aliviar la situación, Gómez señaló que el partido propone que los pagos de la deuda se suspendan temporalmente mientras se soluciona la emergencia alimentaria y el país “recupera los capitales fugados“. El partido de izquierda también sugirió acudir a organismos internacionales como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) o Mercado Común del Sur (Mercosur) para solicitar una ayuda solidaria.
Marea Socialista rechazó la invocación de la Carta Democrática de la Organización de los Estados Americanos y calificó la medida de “injerencista”. También tildó de intervencionistas otras acciones por parte del Gobierno, entre las que mencionó los contratos con transnacionales para explorar y certificar los minerales del Arco Minero del Orinoco.
Sobre el allanamiento por parte de efectivos del Cicpc el pasado viernes, Gómez aseguró que la medida fue “intimidatoria y de hostigamiento”. Agregó que los agentes tenían la orden de llevarse computadoras, documentos, chequeras y pen drives. “Mencionaron una investigación de una causa judicial de la cual no tenemos conocimientos”, afirmó, “no hemos recibido explicaciones por parte de la juez ni de la Fiscalía“.
Miembros del partido también denunciaron que el Consejo Nacional Electoral está en mora con la organización política porque aún no ha dado respuesta sobre el proceso para la legalización.