Jesús Alberto Sojo, de 46 años, y su hijo Alberto Sojo, de 19 años, fueron ejecutados. El acta forense informa que las víctimas solo recibieron un impacto de bala en el pecho, cerca del corazón, que les causó la muerte.
Mary Yamilet Arraíz, quien quedó viuda y con un hijo muerto el mismo día, narró los hechos en el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional entre lágrimas: el 23 de enero, 20 funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) entraron a su casa a la fuerza y la obligaron a arrodillarse en el suelo mientras revisaban a su esposo y a su hijo. Luego la sacaron de la vivienda y fue la última vez que vio a sus familiares con vida.
“Dejé a mi esposo y a mi hijo rodeados por los funcionarios del Cicpc, pero vivos. Luego se escucharon muchos disparos. Parecía una guerra. Disparaban al aire y cuando pregunté qué pasaba, la funcionaria que me tenía detenida me dijo que estaban repeliendo fuego”, expresó Arraíz con la voz entrecortada.
Ese día, contra su voluntad, fue trasladada a la sede del organismo de seguridad ubicado en Curupao, Guarenas, donde la tuvieron esposada aunque no había cometido ningún delito.
“Cuando llegó el comisario me dijo que tenía que olvidarme de lo que había pasado y seguir con mi vida porque me quedaban cinco hijos”, continuó Arraíz el relato del peor día de su vida, mientras algunas diputadas expresaban muestras de pesar.
Ya tras dejarla en libertad, la mujer regresó a su casa a las 8:00 de la noche y encontró la vivienda saqueada. Se habían llevado los teléfonos celulares, su televisor, la comida que había cocinando su hijo de 19 años antes de ser asesinado y la que tenía guardada en la despensa.
“A mí me da mucho miedo estar hoy acá porque ya me han amenazado. Pero no puedo dormir tranquila pensando que los que le hicieron esto a mi esposo y a mi hijo están libres. Hago responsable de lo que nos pueda pasar a Nicolás Maduro y a los funcionarios del Cicpc que ya bastante daño me han hecho. Me han destruido la vida”, manifestó desde la tribuna.
El cuórum se conmovió cuando Arraíz mostró una pancarta que había escrito el joven de 19 años con su puño y letra en la que decía que su sueño era convertirse en el mejor ingeniero del mundo y ver a su hijo nacer. “El Cicpc se cree con el derecho de juzgar y ejecutar”, sentenció.
El presidente de la AN, Julio Borges, se llevó las manos a la cara en varios momentos y se quitó los lentes en los últimos minutos del relato. Estaba más serio que de costumbre y ofreció dos veces su disposición de ayudar en los trámites legales a la familia de las víctimas.
La diputada Delsa Solórzano, presidenta de la comisión de Política Interior, cuestionó el papel del Gobierno “que no es capaz de controlar la criminalidad, pero que además la produce” y denunció que han enviado notificaciones al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, y al director del Cicpc, Douglas Rico, pero no han recibido respuestas.
Las cifras de las muertes violentas fueron reveladas por el diputado Juan Miguel Matheus, quien aseguró que entre enero y febrero de 2017 2.976 venezolanos fueron asesinados.
El debate terminó con la aprobación de un acuerdo en el que se propone la discusión de la Ley Especial de Indemnización a las víctimas del Hampa y la Delincuencia.
Sin medicinas
En la sesión también se tocó nuevamente la escasez de medicinas en el preludio del Día del Médico, que se celebra este viernes 10 de marzo. El diputado y doctor José Manuel Olivares destacó que “los médicos no protestan por salario ni por su calidad de vida sino por la falta de insumos con que atender a la gente”.
El presidente de la Academia Nacional de Medicina, Harry Acquatella, rechazó que la negativa del Gobierno de recibir ayuda humanitaria. “Esta AN declaró en 2016 la crisis humanitaria, pero el Gobierno nada hace. Nuestro país ha sido generoso con muchos otros y quieren ayudarnos, pero el Gobierno no lo permite”.
En los balcones del hemiciclo presenciaban el debate jóvenes estudiantes de medicina vestidos con sus batas blancas. Una de ellos, Daniela Liendo, ejerció su derecho de palabra para alertar que en el Hospital Clínico Universitario no tienen insumos para atender a los pacientes.
“El sistema de salud está totalmente devastado. Nuestros Hospital Clínico solo brinda martirios a nuestros pacientes por falta de insumos”.
“El Gobierno nos arrebató las herramientas para mantener o alagar la vida de nuestros pacientes”, manifestó el doctor Feder Álvarez.
El Acuerdo con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras también fue aprobado por la bancada de la MUD, que se comprometió a aprobar leyes para el millón de pacientes que padecen enfermedades de este tipo y que no cuentan con programas de investigación, centros de atención ni son reconocidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.
Fotos: Asamblea Nacional