Sin ejercer funciones públicas. El exalcalde del municipio San Diego (Carabobo), Enzo Scarano, fue inhabilitado políticamente por la Contraloría General de la República. La sanción impuesta por el órgano gubernamental impide al dirigente del partido Cuentas Claras ejercer funciones públicas por un período de 15 años.
“No necesito un cargo para trabajar”, respondió el dirigente opositor ante la acción de la CRG. “Soy ejemplo de lo que es persecución política: estuve preso, inhabilitado durante un año y aquí sigo”. Durante una rueda de prensa realizada este lunes 6 de marzo aseguró que aún no ha sido notificado de ningún tipo de sanción por parte de un organismo público.
Scarano aclaró que el ataque es contra él y contra su gestión en San Diego y aseguró que la Unidad “está en bloque” para recuperar el estado Carabobo. “Yo estoy habilitado para caminar los barrios, las urbanizaciones, casa por casa. No creo que ellos (el Gobierno) puedan hacer lo mismo”, dijo.
En una comunicación dirigida a la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, el contralor Manuel Galindo informa que impuso “al ciudadano Vicencio Scarano Spisso, en el ejercicio de sus funciones como alcalde del municipio San Diego del estado Carabobo (…) la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de 15 años”.
El funcionario indica en el documento que la sanción impuesta obedece a lo previsto en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. En este se señala que el contralor podrá suspender del ejercicio del cargo o destituir a la persona declarada como responsable. Adicionalmente, el funcionario podrá inhabilitar al ciudadano “para el ejercicio de funciones públicas hasta por un máximo de quince años”, dependiendo de la gravedad de la irregularidad cometida.
“La presente participación obedece en razón de que ese Órgano Comicial (la Contraloría) es el encargado de recibir postulaciones de candidatos para el ejercicio de cargos públicos de naturaleza electora, por lo que en tal vitud, para la admisión de las mismas, deberá consultar el “registro de inhabilitados” que a tal efecto es llevado por este Máximo Órgano de Control Fiscal”, reza la comunicación dirigida a Lucena.
El alcalde del municipio San Diego fue señalado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de haber permitido desórdenes públicos en el estado de Carabobo durante las protestas registradas en 2014. Fue sancionado a cumplir 10 meses y 15 días de prisión; sin embargo, en enero de 2015 el TSJ dictó una medida de casa por cárcel al dirigente opositor.