El Proyecto de Reforma Parcial del Código Orgánico Procesal Penal, que aprobó la bancada de oposición en primera discusión este martes 5 de abril, solo contempla la modificación de un artículo: el 380. Este apartado establece en la norma vigente que la inhabilitación política es uno de los trámites necesarios para el enjuiciamiento de un funcionario o funcionaria.
En la propuesta legislativa que fue presentada en plenaria la suspensión del funcionario para cualquier cargo público queda sin efecto porque “constituye una violación a la presunción de inocencia e incluso una pena anticipada”, dice el documento.
Se establece que la inhabilitación se circunscriba únicamente al cargo que ejerce el alto funcionario al momento en que se da inicio al proceso “para evitar que interfiera con la justicia e impedir la impunidad, pudiendo acceder a cualquier otra función pública en ejercicio de sus derechos políticos”.
Pero se hace la salvedad que por cada hecho presuntamente punible sólo será necesario cumplir una vez cada trámite para evitar que el imputado asuma consecutivamente diversos cargos para evadir la justicia.
La diputada de la MUD, Delsa Solórzano, quien tomó la bandera del proyecto, aseguró que con su aprobación se busca “evitar la persecución de quienes piensan diferente”.
Mientras que el diputado del Psuv Edwin Rojas, aseguró que promueve la impunidad. “Esta agenda que traen para debatir el día hoy delata que vienen apoyar a los funcionarios corruptos”, dijo.
Foto: AN