Ataques a la empresa privada. En sesión virtual este martes 28 de abril, la Asamblea Nacional (AN) rechazó que el gobierno de Nicolás Maduro asuma controles sobre empresas privadas, en este caso Polar, Coposa y Plumrose. Los diputados alertaron que dichas medidas traerán escasez de alimentos y mermarán la producción.
“Quedan en evidencia las estrategias destructivas de la dictadura en medio de la pandemia. Insisten en esquemas de expropiación u ocupaciones temporales que afectan a las empresas”, condenó el presidente interino y del Parlamento, Juan Guaidó.
Para “atacar la especulación”, el gobierno de Maduro ordenó el 24 de abril la ocupación temporal del Consorcio de Oleaginosas Portuguesa S.A. (Coposa) por 180 días. También anunció ventas supervisadas sobre Alimentos Polar, Plumrose y en el Matadero de Turmero (Aragua).
Guaidó dijo que mientras el régimen ataca al empresariado, que hace esfuerzos por producir y abastecer el mercado venezolano dentro de una economía destruida, los productores pierden su cosecha al no poder trasladarla por falta de gasolina. Enfatizó que esos son los problemas que deben resolverse.
“Son muy pocas las empresas privadas que han sobrevivido a ataques del régimen, de nuevo surgen ocupaciones ilegales, que no son un robo sólo a sus dueños, sino a los trabajadores, bodegueros, consumidores, transportistas”, fustigó la diputada por Amazonas, Mauligmer Baloa.
Lamentó que sea la respuesta a la difícil situación que padecen trabajadores venezolanos porque el salario no alcanza para vivir. “Aumentan el salario mínimo y cestaticket a 800 mil bolívares y un combo CLAP, al menos en Amazonas, cuesta 1 millón de bolívares”, agregó.
Durante su intervención, el diputado Simón Calzadilla aseguró que mediante el ataque a la empresa privada el régimen madurista sólo busca aparentar control del país. Acusó al Ejecutivo de estar consciente de que los controles agravarán los problemas de abastecimiento que ya se reportan por falta de gasolina, pero no le importan las consecuencias.
“Colocó a los productos de esas empresas precios de referencia al dólar del BCV y no dolariza salarios. Con ello promueve la escasez porque los empresarios no consiguen ese dólar oficial por ningún lado, tendrán que vender a pérdida y eso implica el cierre”, advirtió.
Nuevo ministro de Petróleo genera desconfianza
Desde el Parlamento también se rechazó la designación de Tareck El Aissami como nuevo ministro del Petróleo y de Asdrúbal Chávez como presidente de Pdvsa. Guaidó aseguró que estos nombramientos únicamente generan mayor desconfianza en la comunidad internacional.
“¿Qué banco va a confiar en un ministro señalado por narcotráfico?”, preguntó el líder opositor. Sostuvo que al frente del ministerio y de Pdvsa deben estar personas con suficientes méritos para rescatar la industria petrolera “del desastre en el que la han sumido”.
El nombre de El Aissami salió a relucir cuando los diputados debatían el punto referido a las mafias del narcotráfico que operan en el territorio nacional. En la discusión reapareció el diputado Ismael García, quien se encuentra en la clandestinidad, para plantear la conformación de una comisión especial que investigue a fondo sobre el tema y lleven a los responsables ante la justicia nacional e internacional.
“Altos funcionarios del régimen han instalado a lo largo de los años diversos carteles en el territorio nacional, con la finalidad de traficar droga y combustible como hemos visto que ocurrió en Paraguaná (Falcón)”, acusó.
Señaló específicamente a los gobernadores de Falcón, Víctor Clark, y de Carabobo, Rafael Lacava, de nexos con dichas actividades ilícitas, en complicidad con funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc).
“Hay personas que responden a Diosdado Cabello, otros a Maduro y otros a Cilia Flores; todos tratan de parar las investigaciones, pero no van a poder”, aseguró García.
Acuerdos aprobados
La plenaria, que se realizó a través de la aplicación Zoom, aprobó tres acuerdos este martes. Uno para declarar nula la ratificación de Reinaldo Muñoz como procurador general de la República por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
“La Constitución establece que el presidente designa al procurador con autorización de la AN. La Sala Constitucional también es ilegítima porque fue elegida por vía de hecho cuando la AN saliente eligió a 33 magistrados el 23 de diciembre de 2015, fuera del lapso constitucional”, apuntó el parlamentario Omar Barboza.
En el texto se ratifica a José Ignacio Hernández en el cargo de procurador designado por Guaidó el 27 de febrero de 2019. Oficia también a organismos internacionales para que dejen sin efecto la representación de Muñoz y sus abogados y que sean desconocidos sus actos.
El pasado 21 de abril quedó pendiente un acuerdo en rechazo a la modalidad de educación a distancia ordenada por el Ejecutivo debido a la cuarentena y este martes fue aprobado.
Igualmente, se aprobó el acuerdo en rechazo al “uso criminal del oro”, en alusión a la explotación ilegal del mineral que afecta a poblaciones indígenas de Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro.
En el texto se le declara “oro de sangre” y se prohíbe su venta y exportación. Se exhorta igualmente a organismos internacionales para que tomen medidas contra quienes pretendan comercializar el mineral.