El Plan José María Vargas fue anunciado por Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela y de la Asamblea Nacional, el pasado 28 de marzo como respuesta a la emergencia humanitaria que azota al país, agravada por la llegada del coronavirus.
“Es un plan que comienza con una limitación, no tenemos grandes cantidades de recursos pero estamos contando con algunos que han estado congelados”, advirtió sobre ello el primer vicepresidente del parlamento, Juan Pablo Guanipa.
El diputado se refirió a los fondos de la República en el extranjero que han sido afectados por las sanciones y que el gobierno interino intenta recuperar.
“Estamos pidiendo permisos a la OFAC (Oficina de Control de Activos en el Extranjero, por sus siglas en inglés) para comenzar a utilizar ese dinero”, aseguró.
De hecho, de la liberación de parte de los fondos, depende el inicio del pago por tres meses de 100 dólares al personal de salud activo de los hospitales públicos, como parte del programa Héroes de la Salud. El inicio de la cancelación de la ayuda económica que busca cubrir a 45.000 trabajadores está previsto para finales de mayo, o antes.
De lograrse un Gobierno de Emergencia Nacional, planteado por Guaidó y apoyado por Estados Unidos, se delegaría en un Consejo de Estado la atención a la pandemia a través del Plan José María Vargas. De ser esa la situación, la ejecución de recursos no tendría mayores inconvenientes.
Mientras, solo se disponen del dinero que pueda ser liberado desde el exterior y que será priorizado en algunas áreas. La principal es el apoyo al personal de salud (médicos, enfermeras, bioanalistas, camilleros, obreros, entre otros) “que están en la primera línea de batalla contra el COVID-19”, tal como lo afirma Guaidó.
Se destaca también que el dinero será manejado por la Organización de Estados Americanos (OEA) con observadores de la sociedad civil.
Aprobados y en trámite
El 27 de febrero la AN aprobó 80 millones de dólares para el Fondo de Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Salud de Riesgo Vital para la atención de la emergencia humanitaria “y otros gastos asociados a la recuperación de la democracia”.
De esta cantidad, 40 millones de dólares están dirigidos a programas de fortalecimiento social, en que se incluye a Héroes de la Salud. Falta que desde EEUU otorguen la licencia para la liberación del dinero.
“Es cierto que la mayor parte de ese dinero no está disponible y es por ello que de momento no se pueden aplicar todas las medidas del Plan al mismo tiempo.
Se está pidiendo autorización para movilizar una parte pero otros fondos están congelados por investigaciones de lavado de dinero en el exterior”, admitió igualmente el vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Social, Juan Carlos Velasco.
Con el plan también se contempla la importación de 1.800 ventiladores mecánicos para aumentar la capacidad de cuidados intensivos en los centros de salud.
Según cifras de la presidencia interina solo hay 84 camas de cuidados intensivos hospitales de todo el país, a los que si se les suma la cantidad en clínicas privadas, llegan a 300, lo que es considerado insuficiente si llegan a aumentar los casos de Covid-19 de forma exponencial.
“17 millones de dólares serán entregados a distintas instituciones internacionales para traer insumos médicos”, apuntó Guanipa.
Otra propuesta contenida en el plan es la construcción de pozos de agua subterráneos para abastecer a hospitales públicos, dado que 70% no tiene servicio de agua continua por tuberías.
“Nos enfrentamos a una pandemia con los centros de salud desabastecidos, sin terapia intensiva suficiente, sin insumos, con fallas de electricidad y suministro de agua. La última encuesta de monitoreo reflejó que en 56% de los centros de salud no hay suficientes tapabocas y 75% guantes”, apuntó Velazco.
Ayuda a familias vulnerables
El Plan José María Vargas también contempla, en el contexto de la emergencia humanitaria, y quizás en un plazo mayor, ayuda alimentaria y asignación directa de dinero para las familias venezolanas más vulnerables.
Entre ellas señala, a quienes dependen por ejemplo de la economía informal para el sustento diario y están afectados por la cuarentena. Se calcula que 60% de la población está en condiciones de empleo informal o subempleado.
“88,72% de la población venezolana, no tiene ningún tipo de ingresos y ahorro, entonces no tiene cómo enfrenar una cuarentena prolongada”, agregó el diputado Velazco.
Dicho apoyo pasa por solicitar a organismos financieros internacionales 1.200 millones dólares en préstamo, seguido de otro en una segunda fase por 4.200 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional (FMI) y gobiernos aliados.
El obstáculo actual es que el gobierno de Nicolás Maduro no es reconocido por organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), que recientemente le negó un préstamo por 5 mil millones de dólares. Tampoco reconoce a Guaidó. Con un Gobierno de emergencia, otra sería la historia.
Escasez de gasolina
La escasez de gasolina y las denuncias sobre cobro en dólares en la estaciones de servicio, también preocupan al gobierno interino y al Parlamento nacional.
Guaidó destaca que las protestas por falta de combustible, como la registrada la semana pasada con los pescadores de Sucre demandan soluciones urgentes
“Acordar con países aliados de la región, que han disminuido el uso, un préstamo de gasolina inicial para atender nuestra escasez. Gestionar a Citgo la entrada a Venezuela de barcos tanqueros: con gasolina y con gas licuado de petróleo, para atender el gran desabastecimiento que enfrenta el país”, se lee en el documento oficial del Plan José María Vargas.
Otras medidas previstas en el plan de emergencia son: permitir la importación libre de materia prima, piezas de transporte, alimentos y medicinas y restablecer el crédito para que la empresa privada. Para, esto, se apunta, es necesario relajar (o eliminar) el sobre encaje legal del 100% a 15%.
De igual forma: eliminar los permisos para transportar alimentos y medicinas dentro del territorio nacional y que ningún organismo de seguridad pueda obstaculizar el tránsito.