Más de 2000 millones de dólares manejó el fideicomiso bilateral Argentina-Venezuela antes de que desde Buenos Aires se tomara la decisión de cerrarlo, según reportó el diario La Nación.
El Fideicomiso Financiero Serie II -conocido allí como Pdvsa II-, fue creado durante el kirchnerismo y ahora pasó a manos de las autoridades de Nación Fideicomisos. De acuerdo al diario, lo que motivó esta decisión fueron las sospechas de corrupción por cientos de millones de dólares.
El Gobierno presidido por Mauricio Macri ya le comunicó a Caracas el cese, así como también la devolución a nuestro país de unos US$ 120 millones remanentes para cerrar un conjunto de operaciones que le aportó a la Argentina un canal de financiamiento cuando no podía salir a los mercados internacionales y le abrió las puertas de Venezuela a empresarios locales.
Sin embargo, los negocios que generó esta operadora fueron calificados de “turbios” puertas adentro, según el diario argentino.
Pdvsa aseguró que usará estos fondos para capitalizar la filial Pdvsa Argentina, pero que antes se deben completar los últimos tres pagos: dos empresas argentinas -la firma láctea Sancor, por unos US$ 2,5 millones, y la compañía de equipamientos médicos, Medix, por unos US$ 20 millones a raíz de una deuda que comenzó a generarse hace años-, y la venezolana Parámerica, por otros US$ 20 millones.
Y es, precisamente, Parámerica uno de los casos más llamativos. Mientras otras empresas tuvieron que esperar años para cobrar facturas, la empresa de ventas de cereales siempre estuvo al día. Esta firma tiene cobros acumulados por más de US $2800 millones entre septiembre 2014 y junio 2016. Además, cuando Venezuela comunicó que ya no recurriría al fideicomiso para pagar “bienes”, esa firma cosechó una instrucción de cobro por un monto elevado pero por “servicios”.
La empresa además es motivo de interés de interés por Rodolfo Marco Torres, el ministro de Alimentación, según señaló el diario.
También hay empresas argentinas sospechosas. Entre ellas destaca Bioart, por ser de la familia Vignati -cinco hermanos que desde 2009 lograron grandes contratos agrícolas con Venezuela-, y Laboratorios Esma, Grupo Núcleo, Corporación Gulfos y Farnamed estas últimas ligadas a Juan José Levy, empresario investigado en Argentina por presunto contrabando y lavado de activos y para determinar el destino de 550 millones de dólares girados por Venezuela para la compra de medicamentos.
Levy también mantuvo relaciones con Julio de Vido, quien fue ministro de Planificación argentino durante el kirchnerismo y actualmente es investigado por irregularidades en la transparencia de las actividades vinculadas al Convenio Integral de Cooperación, que suscribieron Argentina y Venezuela en 2004.
Apenas nueve meses después de la firma de ese convenio, el entonces embajador argentino en Caracas, Eduardo Sadous, emitió el cable CA-EVENE 020096/2005, que, titulado “Grave situación”, reclamaba “la intervención de las más altas autoridades” de la Cancillería para hacer “un planteo serio y preciso” al presidente Chávez cuando este visitara suelo argentino.
De acuerdo a ese cable, existían “serios problemas” que afectaban “los intereses argentinos” en los negocios bilaterales manejados a través del primer fideicomiso, de la mano del primer rostro visible de la diplomacia paralela, Claudio Uberti.
Luego de esto, la Casa Rosada convocó a Sadous a Buenos Aires, donde lo mantuvo sin funciones hasta su retiro y De Vido le inició una causa por falso testimonio.
Todo se mantuvo así hasta 2007, cuando Germán Mundaraín, en ese entonces defensor del Pueblo venezolano, cuestionó “presuntos pagos de sobreprecios en la operatoria -del fideicomiso. por parte del Estado venezolano”.
Y ya en enero de 2014 trascendió que Pdvsa detectó otro presunto sobreprecio por al menos US$ 17 millones en el fideicomiso bilateral, que ahora es auditado.
El nombre de Levy también se relaciona con José María Olazagasti, conocido como el hombre clave de la “diplomacia paralela” entre Argentina y Venezuela.
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