Finalmente llegó el día. El debate sobre la paz y la reconciliación nacional que da paso a la posterior aprobación de la Ley de Amnistía -principal promesa electoral de la oposición– se dio en la Asamblea Nacional este 4 de febrero sin la presencia del presidente de la AN, Henry Ramos Allup.
Desde uno de los palcos principales, la madre de Leopoldo López, Antonieta Mendoza, le decía desde temprano al abogado Juan Carlos Gutiérrez, quien defiende la causa de su hijo, que sería “un día importante”. Junto a ella aguardaban inquietas Lilian Tintori y Antonieta, una de las hijas del alcalde metropolitano Antonio Ledezma.
La diputada Delsa Solórzano inició el debate y la bancada de la oposición la respaldó y pedían ¡justicia!, mientras los del Psuv respondían ¡no a la impunidad!
Desde la tribuna de oradores, la parlamentaria revivió el 4 de febrero de 1992 y habló de la rebelión militar que comandó el fallecido presidente Hugo Chávez ese día, un episodio que “cambió la historia de la nación para mal”, según sentenció. Durante su discurso recordó un evento importante: el 2 de abril de 1992, los familiares de Chávez y de Francisco Arias Cárdenas (actual gobernador de Zulia) también solicitaron la amnistía para los delitos que habían cometido.
Este argumento fue el hilo conductor de los discursos de los diputados opositores. “Se les olvida que el presidente Caldera le concedió un indulto a Chávez (…) ellos en su momento también buscaron la redención y ahora no quieren liberar a los inocentes”, manifestó Gilber Caro en su intervención.
Los diputados del Psuv Víctor Clark y Héctor Rodríguez también tomaron el derecho de palabra para rechazar lo que calificaron como la “ley impunidad”. Desde sus curules mostraban las fotografías de las personas que perdieron la vida en las manifestaciones violentas de 2014.
“Las guarimbas, las barricadas, las guayas colocadas de poste a poste fueron actos de terrorismo contra el pueblo, por eso rechazamos esta ley. El presidente (Maduro) ha propuesto una comisión de la verdad que averigüe todos estos delitos”, dijo el jefe de la fracción rojita.
Yajaira de Forero, esposa del comisario Lázaro Forero -preso por estar presuntamente implicado en las muertes de puente Llaguno durante el golpe de 2002- pidió la depuración del sistema judicial que “admite pruebas y testigos falsos para crearle expedientes a inocentes”.
Finalmente, la directiva de la AN aprobó la propuesta del diputado Juan Guaidó de enviar el proyecto de ley -que fue introducido por la bancada de oposición el 3 de enero para que entrara en la cuenta de este jueves-, a la Comisión de Política Interior para su revisión. Así se dio el primer paso hacia la aprobación de esta ley.
“La ley se va a dar porque los presos políticos son inocentes, tienen que salir en libertad porque protestar no es un delito”, declaró Tintori a las afueras del hemiciclo.
Aunque manifestó que siempre estuvo de acuerdo con que fuera un decreto, la AN decidió que fuera presentado como una ley “para darle mayor sustento legal”, explicó el diputado Freddy Guevara.
Calculan que en tres semanas la ley entre en vigencia.
La ley beneficia aquellos casos que obedecen a razones “políticas ” y deja sin efecto los crímenes de guerra y los relacionados con la violación de derechos humanos.
En su artículo 2 establece que se otorgará la más amplia amnistía de los hechos considerados delitos, faltas o infracciones mencionados en la ley que fueron cometidos desde 1999 hasta su entrada en vigencia.
En el artículo 3 se deja claro que no serán beneficiarios quienes hayan incurrido en crímenes de guerra, en delitos de lesa humanidad o violaciones a los derechos humanos.
En el artículo 7 del proyecto de ley se especifican los más de 30 casos en los cuales la Ley de Amnistía tendría efecto. Entre los beneficiarios de la ley no sólo está Leopoldo López, también se incorpora un artículo específico para los acusados de “acaparamiento”.
El artículo 19 contempla la liberación y suspensión de los procesos judiciales contra productores, representantes de empresas y comerciantes que han sido acusados y procesados por supuesto acaparamiento o especulación, desde los años 2011 hasta el presente en los casos en que se determinen “circunstancias que hayan restado confiabilidad en la administración imparcial de la justicia”.
En la sesión de este jueves, 4 de febrero, un segundo punto destacó en el orden del día y fue la discusión del papel del Banco Central de Venezuela y su incidencia en la inflación. Tanto José Guerra como Alfonso Marquina y Elías Matta coincidieron en que “deben frenar la emisión de dinero inorgánico”, para ello propusieron reformar la ley vigente del BCV. La primera discusión sobre este punto quedó para el jueves 11 de febrero.