Son 21 las curules que se disputan en circuitos ubicados en estados fronterizos bajo estado de excepción. Las condiciones de campaña y la presencia de efectivos militares han motivado algunas dudas. El tema ha sido abordado por especialistas que han esgrimido sus argumentos para apoyar o rechazar la tesis de si los militares desplazados o efectivos del Plan República pueden sufragar, sin estar registrados, en centros de votación de la zona fronteriza.
La respuesta desde la óptica de un experto en temas electorales es NO. Y he aquí las razones que esgrimen.
“Ni el Plan República ni lo militares desplazados en la frontera, nadie puede votar en otro centro electoral que no sea el que indica su registro electoral. El sistema electoral venezolano es automatizado, su plataforma es robusta, es decir identifica y verifica que la información transmitida corresponde con la información contenida en las máquinas”, explicó Félix Arroyo, coordinador de asuntos electorales de la Mesa de la Unidad Democrática.
Arroyo advirtió imponderables como el sufragio manual, pero explicó que para atender estos casos se activa una comisión que verifica cada uno de los pasos. Tampoco existen los cuadernos complementarios. “Si pasa algo extraño, si alguien impone los mecanismos para hacer la elección es un golpe de Estado; pero a priori esos rumores solo desestimulan la participación”.
La interrogante surgió por parte de un vocero de la embajada peruana en Venezuela presente en el foro: El voto en las zonas con estado de excepción organizado por la cátedra libre Democracia, elecciones y comunicación de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en alianza con el Observatorio Global de Comunicación.
En contraste, la presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, ha denunciado que el despliegue de 30.000 efectivos de las FANB en los cuatros estados fronterizos bajo estado de excepción y la activación de 99 Áreas Estratégicas de Defensa Integral (ADI) a cargo de la Milicia Nacional Bolivariana, podrían afectar de manera determinante el resultado electoral del próximo 6 de diciembre.
La Mesa de la Unidad por su parte introdujo una carta ante el CNE solicitando información sobre el estatus del personal militar desplazado en zonas bajo estado de excepción.
Pese a las dudas, la respuesta de Arroyo coincide con la de expertos en infraestructura electoral.
El rol de la sociedad civil
El encuentro tenía el objetivo exponer qué significa un estado de excepción, las libertades que restringe, sus antecedentes y su repercusión en la campaña electoral y en el sufragio para elegir la Asamblea Nacional; pero también buscaba explicar el rol de la sociedad civil y el empoderamiento ciudadano como mecanismo para fortalecer la democracia.
El impacto del estado de excepción en la campaña, de acuerdo con las denuncias hechas por los candidatos, es el temor a las inhabilitaciones, inequidad en la campaña electoral, imposibilidad de hacer reuniones, temor de algunos sectores a ser vinculados con grupos irregulares como paramilitares y bachaqueros, restricciones al libre tránsito que afectan directamente el traslado de electores y las actividades propias de la campaña electoral.
En ese sentido, consideraron la importancia del desempeño del Plan República, puesto que la presencia militar puede complicar la normalidad de la jornada y podría incidir negativamente en la defensa del voto por parte de los ciudadanos y las irregularidades como retiro anticipado de los testigos, retraso en la apertura y cierre de las mesas y la propia conformación de las mesas electorales.
El secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, también consideró que los estados de excepción afectan la campaña electoral. En la carta que le envió a la rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, luego de que rechazara el ofrecimiento del organismo como observador internacional en las parlamentarias del 6D, Almagro dedicó un apartado entero a argumentar como la suspensión de estas garantías constitucionales restan transparencia y no contribuyen a la justicia electoral durante todo el proceso comicial.
Amazonas, Apure, Táchira y Zulia son las entidades afectadas por los estados de excepción. Salvo en Amazonas, la autoridad para velar por el cumplimiento de este decreto son los gobernadores.
El profesor Jesús Castellanos expuso que son 24 los municipios que están bajo régimen de excepción y constituyen 10 circunscripciones electorales; 1.752.008 habitantes afectados, lo que equivale a 5,68% de la población general del país; 919. (https://harborviewloft.com/) 955 electores sufragan en esta zona donde se escogerán 13% del total de los cargos a elegir.