“Si me van a destituir que lo hagan. Con tantas amenazas a mi familia y a mí, que lo hagan. Eso no me va a hacer desistir. Si me van de destituir, que lo hagan. Yo seguiré denunciando. ¿Qué van a hacer para detenerme?, no lo van a hacer. Tengo un compromiso con el Estado. A todos los venezolanos, yo voy a estar al lado de ustedes”, retó la fiscal Luisa Ortega Díaz al Gobierno al finalizar una entrevista del Noticiero Venevisión.
Ortega Díaz se refirió por primera vez en vivo sobre la multa que la Contraloría General de la República quiere aplicar al Ministerio Público, que ella dirige. “Lo que ha hecho es un hecho inédito contra el Ministerio Público. Ellos se están inventando un procedimiento para aplicarlo a la institución. Hay un ataque directo contra el organismo que dirijo y estoy obligada a proteger a los ciudadanos y los trabajadores”, denunció.
Ayer Manuel Galindo, el contralor, dijo que la Fiscal General había entorpecido las labores de inspectoría que inició el 3 de julio con el objeto de verificar la legalidad, exactitud, sinceridad y corrección de las operaciones de la institución.
El funcionario informó que se levantará una citación a la Fiscal General y se notificará por cartel. “Una vez notificada por cartel, se le da 15 días para que se tenga como notificada, ahí comienza el procedimiento que da (el artículo) 49” de la Constitución de la República, reseñó AVN.
Por este tipo de situaciones y las agresiones verbales y físicas que han recibido los trabajadores del Ministerio Público, Ortega Díaz recordó que solicitó una medida de protección para los empleados y toda la institución ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Hice una solicitud de protección porque primero es la institución. No se puede descalificar al organismo. Hay que preservarla. Debo garantizar el bienestar y la seguridad tanto de los trabajadores como de los venezolanos en general”, dijo.
Sobre la Asamblea Nacional Consituyente (ANC) la representante del Ministerio Público exclamó un “Dios quiera que no sea así”. Aprovechó la pregunta para reiterar su llamado al diálogo entre los factores políticos de Venezuela y recordó que la estrategia política del Gobierno está basada en la amenaza. “Este es un país en el que se amenaza”, apuntó y agregó que tiene denuncias de personas a las que obligan a firmar para no retirarle beneficios gubernamentales.
Presos políticos
Ante las denuncias de golpizas a los 14 funcionarios de la Policía de Chacao y al diputado Wilmer Azuaje, detenidos en la sede del Servicio Bolivariana de Inteligencia Nacional (Sebin) ubicado en El Helicoide, la Fiscal dijo que desconocía la razón por la que los 14 policías están detenidos, pues poseen orden de excarcelación.
“Desde agosto de 2016 el Ministerio Público les solicitó una medida cautelar de presentación (…) No hemos podido verificar el estado de salud del diputado Wilmer Azuaje. Le hemos solicitado información a los tribunales militares y ordinarios y no hemos tenido acceso. Wilmer Azuaje tiene inmunidad parlamentaria y debió permanecer detenido en su casa, pero esto no ha sido así”, señaló.