En el último mes, las alertas se dispararon por la ola de detenciones de economistas y agentes vinculados con el tipo de cambio. Ahora el pico represivo pasa a otro sector: el de los trabajadores de una industria tan sensible como la petrolera, sin dejar de mencionar que las aprehensiones contra activistas políticos no ha parado.
El secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv) y miembro de la Corriente Unitaria Revolucionaria Autónoma (C-Cura), José Bodas Lugo, denunció recientemente que al menos 35 personas en el estado Anzoátegui y 25 en el complejo refinador de Paraguaná, Falcón, fueron arrestadas sin órdenes judiciales en las últimas semanas. Hasta ahora se desconoce de qué se les acusa.
La “mutación” de la persecución
“Desde las elecciones presidenciales de 2024 no cesan las detenciones. El patrón de persecución por razones políticas se ha profundizado y ha ido mutando a diferentes sectores, bajo la tesis del enemigo interno. Primero estuvo concentrada contra el activismo político, luego periodistas, defensores de derechos humanos, militares que alcanzaron un pico entre 2019 y 2021 con muchas detenciones y ahora parece focalizada en sectores económicos con las detenciones de economistas y trabajadores petroleros”, describió la coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, Martha Tineo.
A juicio de la abogada experta en DDHH y criminalística, la persecución contra economistas y ahora trabajadores, en este caso petroleros, busca aplicar un “castigo ejemplarizante” para que el resto se abstenga de hacer críticas o denuncias, puesto que desde la óptica del sistema gobernante son los culpables de la crisis y no las malas políticas.
“Si tocas a uno, el resto se contiene. En el caso concreto de los trabajadores petroleros busca silenciar, neutralizar, desarticular cualquier sector que se estaba moviendo como los sindicatos, identificar algún tipo de articulación en cuanto a posibles manifestaciones, atacar a los movimientos sindicales que se han ido desligando del régimen”, sostuvo.
Dgcim estaría detrás de detenciones
En el caso de Paraguaná, las aprehensiones fueron hechas, según las denuncias, por efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Algunos trabajadores fueron sacados de sus casas de manera violenta de acuerdo con los testimonios, otros al terminar la jornada laboral y unos incluso en las áreas de trabajo.
Antes, el dirigente sindical del petróleo y gas, Iván Freites, había alertado, además de las detenciones, que desde hace un mes las refinerías de Amuay y Cardón en Falcón permanecen militarizadas por supuestas investigaciones de apagones, paradas imprevistas, falta de repuestos y fallas en salas de control para, alertó, culpar de la crisis a los trabajadores.
Freites alertó este 11 de julio que los detenidos de Falcón fueron trasladados hacia las cárceles Yare II y Yare III en el estado Miranda, del resto aún se desconoce donde están recluidos.
“Reclamos legítimos”
“El gobierno que aplica un programa de ajuste neoliberal agresivo desata su furia contra los trabajadores que se rebelan legítimamente frente a la destrucción del salario, beneficios laborales y de la industria petrolera, persecución que también se ha visto en las industrias básicas de Guayana, Corpoelec. Es un hostigamiento sistemático con despidos, presiones para provocar denuncias, detenciones contra quienes no apoyen al gobierno e imposición de un régimen policial en las áreas de trabajo”, rechazó el dirigente sindical y miembro del Partido Comunista, Pedro Eusse.
El secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV) subrayó que llevarse presos de manera arbitraria a 60 trabajadores en Falcón y Anzoátegui ejerce una “presión psicológica” sobre el resto de la masa trabajadora, especialmente del sector público para que no protesten contra malos salarios y condiciones laborales, además de la explotación.
“Se busca que los trabajadores petroleros se sientan presionados e intimidados para que se abstengan de reclamar sus derechos, para que guarden silencio frente a hechos de corrupción y dejen de llamar la atención sobre malos manejos en las refinerías y áreas de trabajo. La crítica y la protesta pacífica son legítimas y están consagradas en la Constitución”, rechazó Eusse.
Por qué protestan los trabajadores
De acuerdo con Bodas, los trabajadores petroleros perciben “salarios de hambre” que no cubren sus necesidades básicas, lo que genera zozobra y afecta la productividad. Detalló que los beneficios actuales, como una tarjeta de alimentación, un bono de transporte de 25 dólares y un beneficio de 150 dólares para el Centro de Abastecimiento (Catpeg), son insuficientes.
Aunado a ello, dijo, los trabajadores desconocen los términos de contratos como el de la nómina mayor y exigen un proceso democrático para negociar mejoras, incluyendo la retroactividad de prestaciones y aumentos salariales que permitan recuperar el poder adquisitivo.
En medio de la alarma por las detenciones, la vicepresidenta y ministra de Economía y Finanzas, Delcy Rodríguez, visitó el 30 de junio el complejo refinador de Paraguaná para “supervisar” directamente la operatividad del sistema productivo de esta infraestructura clave para el suministro de combustible en Venezuela. No hizo mención alguna a los casos de los detenidos.
Violaciones de DDHH
Tanto Tineo como Eusse alertaron que como en todas las detenciones por motivos políticos, los organismos policiales y el sistema judicial incurren en violaciones de DDHH al permitirse la desaparición forzada – que ha pasado de corta duración a larga, de acuerdo con la abogada-, la incomunicación, la falta de acceso a abogados de confianza y de los familiares, entre otras denuncias.
“La lógica de represión también afecta a familiares. Hay mucho miedo a denunciar y si nos llaman, nos identifican a los detenidos, nos ponen al tanto de la situación, pero a la vez piden que no digamos nombres ni detallemos casos. En el caso de los trabajadores petroleros, como en otros, las detenciones han sido arbitrarias; se presenta de nuevo la desaparición forzada ahora extendida de horas y días a semanas”, destacó Tineo.
Miedo a denunciar
Señaló que las familias de 20 trabajadores petroleros detenidos han entrado en contacto con la ONG Justicia, Encuentro y Perdón para informarles de sus casos, aunque bajo condición de anonimato. También han recibido denuncias, según las cuales colectivos afectos al gobierno han tomado las instalaciones de las refinerías mencionadas para mantener el control represivo.
Explicó que la manera de ayudar a estas familias es brindándoles asesoría sobre qué hacer y ante qué instituciones públicas acudir, como, por ejemplo, visitar sitios de reclusión, tener constancia de la visita y qué información le dieron los funcionarios. A la par, los defensores de derechos humanos informan a las organizaciones internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH de manera privada y estas instancias lo reflejan en informes sin detallar ningún caso en particular.
Eusse indicó que el PCV y su brazo sindical, la CUTV, también han puesto al tanto a organizaciones sindicales internacionales de la situación, así como lo han hecho con muchos otros casos anteriores. Próximamente, mencionó, harán contacto con la Federación Mundial Sindical y acompañarán gestiones ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), puesto que, subrayó, las detenciones también constituyen violaciones de convenios internacionales.
“Repudiamos y condenamos estas prácticas que son antidemocráticas y contrarias al debido proceso. Las familias de estos trabajadores no saben dónde están, hay madres y esposas desesperadas. Algunos (detenidos) tienen condiciones de salud y deben tomar medicamentos. La Fiscalía y la Defensoría del Pueblo deben velar por las garantías constitucionales y si alguno cometió un delito, cosa que dudamos, se deben garantizar todos sus derechos”, recalcó el dirigente.
Impacto en la industria
A juicio de Eusse y del exdiputado de la Asamblea Nacional y experto petrolero, Elías Matta, la producción en la industria petrolera también se ve afectada con estas detenciones, los despidos y las presiones para que los trabajadores renuncien, por cuanto implica la pérdida de mano de obra calificada que es necesaria para garantizar los procesos.
“Uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día en la industria petrolera es la falta de trabajadores con experiencia que han sido despedidos o se han ido producto de los bajos sueldos y que lamentablemente no han podido ser sustituidos por personas con experiencia. Todos sabemos que la industria necesita personal calificado. Trabajé 10 años en Pequiven y Lagoven como ingeniero y planificador y sé de lo que estoy hablando. El personal de la industria petrolera es definitivamente muy calificado, a diferencia del sector de construcción, por ejemplo, donde puedes encontrar mucho trabajador en tareas que no necesitan mucha experiencia”, sostuvo Matta.
Eusse se pregunta si ante las detenciones masivas, el gobierno de Nicolás Maduro pretende que las empresas chinas que operan dentro de las refinerías traigan personal sustituto.
El 5 de junio de 2025, Bloomberg reseñó que, en un intento por compensar la salida de la empresa Chevron, Venezuela ha firmado al menos nueve acuerdos con proveedores de servicios de servicios extranjeros para la industria petrolera, entre ellos dos empresas chinas para mantener la producción petrolera. Según el portal económico, citando fuentes anónimas, los contratos permiten a las trasnacionales explotar pozos petroleros ya perforados y comercializar, lo cual rompe con la exclusividad que siempre se abrogaba Pdvsa para vender el crudo.
“No sabemos cómo Pdvsa va a sustituir a esos trabajadores que son clave. Sacan de manera forzada a un personal no solo con experiencia técnica sino que ha adquirido un compromiso con la industria petrolera después de años. Esto conspira contra la producción, con el sano funcionamiento de la actividad productiva. Es verdad que las sanciones con las que no estamos de acuerdo, afectan el suministro de insumos y el acceso a mercados internacionales, pero esta represión también perjudica a la industria”, advirtió Eusse.
Iván Freites se ha referido concretamente a la empresa China Concord Petroleum autorizada para operar en Paraguaná, además del Zulia, con personal propio que se encargaría de la reparación y la operación de los pozos, refinerías y estaciones de servicio, lo que ha puesto en riesgo los puestos de trabajo para los venezolanos.
Eusse llamó a los trabajadores del sector público a rechazar la persecución política y no consentir de ninguna manera, condiciones salariales y laborales inaceptables, así como despidos injustificados.