La sentencia N° 156 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que abroga las facultades de la Asamblea Nacional “es una reposición, con otro elenco, del decreto Carmona”, afirma el historiador Tomás Straka.
El “decreto Carmona” hace referencia al golpe de Estado del 12 de abril de 2002, cuando el entonces presidente de Fedecámaras Pedro Carmona Estanga se autoproclamó Presidente de la República y –como primer acto oficial- destituyó de sus cargos a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), así como al Fiscal General de la República, al Contralor General de la República, al Defensor del Pueblo y a los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE).
“El antecedente más inmediato es el decreto Carmona que suprimió la soberanía nacional, lo que debe hacer reflexionar al chavismo. La diferencia es que aquí hay un parte del Estado (MP) que está desconociendo a los otras partes para garantizar la legalidad. Para la Fiscal, es la gran oportunidad de salvar su nombre ante la historia”, declara el analista.
La Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, manifestó que las sentencias 155 y 156 del TSJ constituyen una ruptura del orden constitucional.
Straka señala que las sentencias revelan “el intento de un Gobierno que no puede mantenerse en el poder por vía de la legitimidad que otorga el voto e intenta hacerlo por la fuerza”.
El historiador recuerda que durante las dictaduras de Juan Vicente Gómez y Marco Pérez Jiménez “se pretendía mantener las apariencias” en relación al carácter institucional de los Poderes Públicos. Pero el fallo establece abiertamente que el máximo tribunal asumirá –mientras la AN se mantenga en desacato– las atribuciones legislativas.
“Aunque Gómez evitó las elecciones de 1913 y Pérez Jiménez le dio una patada a la mesa al desconocer los resultados electorales (en el plebiscito de 1957), intentaron mantener las apariencias de la institucionalidad (…) Ni siquiera el 24 de enero de 1848, cuando las fuerzas de José Tadeo Monagas atentaron contra el Congreso, éste fue disuelto, sino que se reorganizó para que Monagas lo tuviera bajo su tutela”, rememora.
Straka refiere como otro antecedente el golpe de Estado a Rómulo Gallegos, el 24 de noviembre de 1948, cuando la Junta Militar que asumió el poder desconoció la inmunidad parlamentaria y desplazó al Presidente democráticamente electo.
“En el continente, el caso más emblemático es el Fujimorazo, que retoma vigencia especialmente porque la Carta Democrática Interamericana se creó para evitar que se produjeran situaciones de este tipo en la región”, manifiesta.
El Fujimorazo es el nombre que se le dio al autogolpe que ejecutó el expresidente de Perú, Alberto Fujimori, quien anunció la disolución del Congreso y la intervención del Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público de ese país.
Foto: La Patilla