La Alta Comisionada de las Naciones Unidas Michelle Bachelet ya había alertado sobre la violación de al menos siete derechos humanos en Venezuela antes de anunciar su visita al país.
En su informe oral ante el Consejo de Derechos Humanos, el 20 de marzo de 2019, la funcionaria hizo serias denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales, así como la actuación de civiles armados en la represión de protestas.
En su informe destacó siete puntos:
1.- Desplazamiento forzado. La comisión, enviada por Bachelet en marzo de este año, determinó que la compleja crisis social y económica que vive el país obligó a un número considerable de miembros de la etnia warao a cruzar la frontera con Brasil “en busca de alimentos, atención médica y otros servicios básicos”.
2.- Ejecuciones extrajudiciales. La comisión recabó información que señala que al menos 205 personas murieron por la acción de la Fuerza de Acciones Especiales de la Faes y otras 37 fueron asesinadas, por la misma fuerza policial, de enero a marzo de este año en Caracas.
“Al parecer, algunos de estos asesinatos se han producido según un patrón similar: ocurren durante allanamientos ilegales de domicilios realizados por la Faes y posteriormente estos órganos notifican el fallecimiento como resultado de una confrontación armada, aunque los testigos declaran que las víctimas no portaban armamento alguno”.
3.- Restricciones a la libertad de expresión y prensa. La aprobación de la Ley contra el odio, en noviembre de 2017, fue mencionada.
4.- Deterioro del sistema de salud. “El sistema de atención sanitaria sigue deteriorándose, lo que repercute considerablemente en la mortalidad y morbilidad materna, la mortalidad infantil. La propagación de enfermedades infecciosas, que habían estado previamente bajo control, es el foco de la reciente campaña de vacunación implementada por el Gobierno con la ayuda de la Organización Panamericana de la Salud”, narró la Alta Comisionada.
5.- Derecho a la educación. En la visita también registraron un aumento de la deserción escolar por la crisis. La cifra supera el millón de niños.
6.-Colapso de los servicios públicos.“La reciente interrupción del abastecimiento de fluido eléctrico que afectó a todo el país ha agravado esta situación, al reducir aún más el acceso de la población a los alimentos, el agua y los medicamentos, y también ha afectado gravemente a los hospitales. Todavía no se conoce todo el alcance de los daños ni el número de víctimas directas, pero este prolongado apagón simboliza los problemas de infraestructura que afronta el país. La escasez de agua y de gas natural y el colapso del transporte público también siguen afectando a muchas personas; esta situación, combinada con la hiperinflación, genera atroces condiciones económicas que han desencadenado miles de protestas sociales”.
7.-Criminalización de la protesta. La Oficina de Bachelet documentó numerosas violaciones y abusos de derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad y los colectivos armados progubernamentales, incluyendo el uso excesivo de la fuerza, asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos en condiciones de detención, así como actos de amenaza e intimidación.
Foto: radiopanama.com.pa