En la urbanización San Enrique desde el lunes, 14 de agosto, se vieron a personas ajenas a la comunidad deambular por las calles. Ciudadanos comunes que llevaban una advertencia con tono de rumor: “parece que van a intervenir el penal”. El martes a las 11:00 am un operativo policial y militar ejecutó la toma del Centro de Detención Judicial de Amazonas (Cedja), ubicado en Puerto Ayacucho, a 250 metros de distancia de esa comunidad.
El procedimiento de intervención dejó un saldo de 39 privados de libertad muertos y seis miembros de los cuerpos de seguridad (según la ONG Una Ventana a la Libertad), quienes fueron trasladados a Caracas para su atención médica. Policía Nacional Bolivariana (PNB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) fueron los que participaron en la intervención del penal ordenada por el Ministerio para Relaciones Interiores Justicia y Paz.
“Desde el lunes, nosotros estuvimos trazando la estrategia para realizar la requisa y posterior entrega del penal al Ministerio para Servicios Penitenciarios“, aseguró un funcionario de forma extraoficial que participó en el procedimiento.
Pese a las advertencias realizada a los vecinos de la urbanización San Enrique, los habitantes pensaron que solo era un rumor porque conocían del poder que Roberto Antonio Martínez Orozco, alias “El Mocho”, tenía en el centro de detención que pertenece a la Policía de Amazonas. Desde allí operaba una red de secuestro y extorsión a comerciantes y manejaba arsenal de guerra, según reporte de los habitantes de Puerto Ayacucho.
Por eso, el sonido de las detonaciones sorprendieron a la comunidad a las 11:00 pm, quienes quedaron atrapados en sus viviendas durante dos horas de constante tiroteo. “El miedo que sentí fue grande, porque lo que separa la urbanización del penal son unos 20 metros y un muro de concreto. No sabía qué hacer. Lo único que se me ocurrió fue meterme en debajo de la cama del cuarto más alejado a la cárcel”, exclamó un vecino de la urbanización San Enrique.
Los relatos de los habitantes señalan que luego de esas dos horas de enfrentamiento, hubo silencio hasta las 3:00 am cuando otro tiroteo despertó a los vecinos y los mantuvo en vilo hasta las 8:00 am. “Eso eran explosiones de granadas, morteros; sonido de armas automáticas, armas bélicas y hasta estallidos de bombonas de gas“, aseveró Marcos, quien vive en una comunidad más alejada del recinto carcelario.
Detalles de la operación
El ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, viajó este jueves 17 de agosto a Puerto Ayacucho para atender la situación. Desde allí confirmó que la estrategia implementada buscaba la clausura del centro de detención y agregó que los funcionarios fueron atacados con armas de fuego y 20 granadas. Sin embargo, en la requisa se encontraron a penas 16 armas largas.
Informó que el número de muertos era de 37 fallecidos, de los cuales algunos habían sido asesinados por Roberto Martínez, denominado pran de la cárcel, debido a la disposición de los privados de libertad a entregarse a las autoridades.
Los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados al Hospital José Gregorio Hernández a 4,2 kilómetros del lugar de los hechos violentos. Allí se congregaron los familiares quienes hasta las 12 m de este jueves aún esperaban la entrega de su ser querido.
Dijo que durante el enfrentamiento resultaron heridos 15 funcionarios, tanto policiales como militares, por armas de fuego, uno de ellos trasladado a Caracas, bajo pronóstico reservado con un tiro en la cabeza.
El Ministerio Público designó al fiscal 4° de Derechos Fundamentales y al fiscal 1° de Delitos Comunes para investigar esas 37 muertes.
Primer caso
No es la primera vez que el Gobierno intenta imponer el orden en un penal de Venezuela y perpetra una masacre que respalda con el argumento de una “resistencia a la autoridad”, pero el retén de la Policía de Amazonas si es el primer recinto de detención preventiva que es intervenido.
Para el momento del operativo, allí habitaban 105 detenidos de los cuales unos 30 tenían una condena emanada por un tribunal, lo que los convierte en privados de libertad penados y por lo tanto su centro de reclusión debía ser un internado judicial.
Entre las masacres por intervención a penales que se generaron luego de la creación del Ministerio para Servicios Penitenciarios en 2012 están:
- Uribana, estado Lara: un motín contra una requisa dejó 58 personas fallecieron y otras 120 heridas en enero de 2013.
- Rodeo I y II, estado Miranda: una revuelta y la intervención de los agentes del Estado dejó 23 personas muertas, entre las que se contabilizaron un guardia nacional y un vecino.
- La Planta, Distrito Capital: un reo y un vecino del recinto carcelario fueron asesinados y 9 personas resultaron heridas en un proceso de desalojo que duró dos meses.
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