Que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) modificara el contenido de las sentencias 155 y 156 en las que se arrogaba las funciones de la Asamblea Nacional, parece no haber influido en la decisión de los Gobiernos de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, quienes este sábado 1° de abril a través del Mercado Común del Sur (Mercosur) plantearon varias exigencias al presidente Nicolás Maduro y activaron la cláusula democrática de la organización.
“Celeridad con que se tomó decisión tras exhorto del Poder Ejecutivo hace dudar aún más sobre independencia de poderes en Venezuela”, advirtió la canciller argentina, Susana Malcorra, horas después de que el jefe del Estado venezolano instara al Poder Judicial a realizar una “revisión” de las sentencias anteriormente emitidas. Y a pesar de reconocer como positiva la retractación del TSJ, Malcorra insistió en que no se está ejerciendo la “separación de poderes” en Venezuela.
Para el internacionalista Eloy Torres, la posición mostrada por el Mercosur es una demostración del rol de presión que se encuentra ejerciendo la comunidad internacional frente al Gobierno nacional, con lo cual alegó que se certifica con el cambio de decisión del TSJ.
“Es muy importante que el Mercosur, así como la comunidad internacional, presione al Gobierno y lo obligue a enrumbarse en el camino democrático. No le queda de otra que someterse (al Ejecutivo)” a lo que le exigen los demás gobiernos, recalcó Torres.
Comentó que la postura del Mercosur pudiera ejercer influencia en la nueva sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) convocado por su secretario general, Luis Almagro, para discutir la aplicación de la Carta Democrática Interamericana (CDI) a Venezuela.
Sin embargo, Torres considera que la aplicación de dicho proceso contra el país solo perjudicaría a los venezolanos, debido a que “ya el Gobierno de Nicolás Maduro está aislado frente al mundo”. Además, subrayó que la CDI no le evitaría al Gobierno nacional hacer contratos con sus aliados China y Rusia.
De acuerdo con lo establecido en el Protocolo de Ushuaia, un Estado miembro puede ser suspendido de la organización en caso de determinarse la ruptura del orden democrático.
La también internacionalista y profesora universitaria, Giovanna De Michele, afirma que la cláusula democrática ya fue aprobada contra Venezuela al momento de anunciarse su suspensión del Mercosur a finales del año pasado. Recalca que la mayor afectación que esto pudiera generar sería en las relaciones económicas del Gobierno de Nicolás Maduro con los demás países del continente.
“La posición del Mercosur no es más que un adelanto de la posición que se tomará la próxima semana en la OEA“, y advirtió que Venezuela “necesita mucho de los productos que importa desde esos países del Mercosur“.
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