“Tenía 30 años, pero todavía era mi niño”, dijo a Efecto Cocuyo el padre de Ángel Ignacio, uno de los desaparecidos en Tumeremo. “Era mi niño. Todavía cruzaba los brazos y me daba un abrazo cuando me pedía la bendición”.
El padre, que prefiere reservar su identidad por miedo a posibles represalias, asegura que Ángel, el segundo de sus hijos, era un buen muchacho. “Si mi hijo fuera un delincuente yo diría que se hizo justicia, porque yo soy justo. Pero mi hijo no era un delincuente”, dice.
Ángel Ignacio estudiaba tercer año de derecho en la Universidad Nororiental Privada Gran Mariscal de Ayacucho (UGMA). Hasta hace un tiempo trabajaba en un bufete de abogados, pero con la bulla de la mina Atenas él y su hermano decidieron comprar un molino y probar suerte buscando oro. Desde hace dos meses, iba a la mina los fines de semana, cuando sus responsabilidades universitarias se lo permitían.
El joven estaba comprometido y planeaba casarse pronto. Su prometida participa en la tranca de la Tronca 10 desde que inició, el sábado 5 de marzo.
El gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, dio una rueda de la prensa en la mañana de este lunes 7, en la que afirmó que dicha protesta es ilegal porque violentan el derecho al libre tránsito de los ciudadanos. También dijo que, por la protesta, Santa Elena de Uairén se quedó sin gasolina y se presentaba una situación de desabastecimiento. “Esperemos que entremos en sano juicio y entendamos que no podemos estar trancando la troncal”, declaró. Los comercios del pueblo amanecieron cerrados este lunes por la protesta.
“Con la vía abierta tampoco hay comida”, apunta el padre del joven desaparecido y asegura que la capital del municipio Sifontes y las poblaciones cercanas “son pueblos olvidados”. Dice que las condiciones de vida allá no son buenas. “Se nos va la luz a cada momento. Pasamos hasta ocho días sin agua, y en los últimos tiempos se ha agravado. La conexión a Internet es muy mala, uno puede durar media hora visitando una página”.
La rueda de prensa de Rangel Gómez comenzó con un saludo a los familiares de los “presuntos desaparecidos”, lo que el papá del estudiante de derecho calificó de caradurismo. “Yo le tenía respeto al gobernador, pero se lo perdí todo. No puede decir eso. El dolor es nuestro”, señaló.
Rangel Gómez precisó que la zona es muy escabrosa y montañosa, lo que dificulta la búsqueda, pero que hay un personal importantísimo” trabajando en la zona y, hasta los momentos, la búsqueda ha sido totalmente infructuosa. “Buscaron el sábado completo y el domingo completo. Hemos invitado a los familiares a que ellos indiquen cuál es el sitio donde sucedieron los hechos. La búsqueda se ha realizado donde dicen”. Detalló que la cifra de funcionarios desplegados en la zona supera los 300.
Según el mandatario regional, “lo que debió suceder fue un enfrentamiento entre bandas armadas. Ha pasado en otras oportunidades”. También aseguró que no hay pruebas para argumentar que hay desaparecidos. “No existe un dato preciso en este caso, solo ocho fotografías en una pancarta”, dijo al hacer referencia a un cartel que los familiares de las presuntas víctimas mantienen en la tranca.
El fiscal asignado por el Ministerio Público, Merving Ortega, fiscal 5° del segundo circuito del estado Bolívar, fue al lugar de los hechos e instó a los protestantes a levantar la tranca. “Yo me voy a mudar para acá si es necesario, pero de aquí no me voy hasta esclarecer este caso”, comentó, y aseguró que los familiares podían acompañar las investigaciones e ir al sitio de los sucesos porque él estaría al frente de las mismas.
“Yo no vine a hacer política, vine a hacer justicia”, sostuvo Ortega, quien también agregó que varios funcionarios de Caracas habían sido designados al caso.
El diputado Américo De Grazia se vio sorprendido al saber que el gobernador ponía sobre la mesa la tesis del enfrentamiento luego de haber negado el hecho la noche del sábado. “Dijo que era mentira y que me iba a demandar. Que todo era un show político”. Para el parlamentario, Rangel Gómez está repitiendo la fórmula de 2006, cuando ocurrió la masacre de La Paragua, donde perdieron la vida seis mineros y fueron imputados diez militares.
Rangel Gómez aseguró que ellos trabajan en pro de los mineros y que por eso se acaba de aprobar el Arco Minero, y que en el marco de este se efectúa un registro de pequeños y medianos mineros. Calificó de “políticos nefastos” a los que denunciaron el suceso. “Estos personajes estaban en la radio de Tumeremo hablando como locos. Replican mentiras. Eso es terrorismo y falta de ética“.
“Es lamentable que personajes de la política se presten para esto que han generado. El Estado venezolano está preocupado por esta situación, desde el presidente Nicolás Maduro. A los familiares, todo nuestro apoyo moral e incluso económico si tenemos que cubrir algo en un caso determinado”, apuntó.
“¿Por qué el gobernador no hace acto de presencia aquí? ¿Por qué no aparece con un equipo? Está negándose a la realidad, y cuando uno oculta algo es porque participa en esa tajada” , emplazó el padre de Ángel Ignacio. También lo hizo Américo De Grazia, quien le atribuyó una actitud “irresponsable”.
El parlamentario hizo hincapié en los vínculos de los pranes con las autoridades. “Desde el puente Orinoquia hasta Santa Elena de Uairén hay 17 puestos militares. ¿Cómo pasan las armas? ¿Cómo llega el armamento? Todo esto es una vergüenza para el estado Bolívar.” Aseguró que hay cinco pranes en el territorio, y cada uno se reparte un pedazo de la zona minera. “Nos están matando a nuestros muchachos, a nuestra familia, tenemos que pagar vacuna, no se justifica lo que está ocurriendo”, y señaló que “ya es hora de decir lo que realmente está ocurriendo. Habíamos andado con cuidado, pero ¿hasta cuándo nos vamos a quedar callados?”. Dijo que estos son los resultados obtenidos en Guayana tras varios planes mineros y de seguridad fallidos. “Y se da con el visto bueno del Alto Mando Militar”.
Sobre la versión de un supuesto sobreviviente, quien asegura que quienes disparaban estaban vestidos con uniformes del Sebin y del Cicpc, De Grazia puntualizó que así se vestían los criminales, según le comentó un oficial. “No quiero dudar de que eso sea así, que sea un malandro que se disfraza de funcionario policial”. En su opinión, esto se da con el visto bueno de las autoridades y que esto evidencia “la descomposición de este régimen. El culpable de la situación minera, de la anarquía, es Nicolás Maduro”.
También se refirió a la certificación del oro que el presidente Maduro firmó el 25 de febrero, mediante la cual más de 150 empresas de 35 países extranjeros firmaron contratos para explorar en la franja y, más específicamente, al tratado con la minera canadiense Gold Reserve. Dijo que no le parecía posible que lograran llevarlas a cabo, puesto que las minas están bajo el control de bandas armadas. “A los chinos le otorgaron esa misma concesión en el 2011. Fue firmada en Miraflores. Nunca la pudieron ocupar“. También criticó el hecho de que el Banco Central de Venezuela no publique las cifras de lo recaudado por minería y puntualizó que toda la actividad minera que se realiza en el estado, a excepción de las minas de Minerven que activó el presidente Caldera, es ilegal. “Rangel Gómez hablaba de que la mina Hoja de Lata se le entregó a una cooperativa, y eso no es cierto. Ahí domina la banda de “El Topo”. Ojalá que el Arco Minero y el Motor Minero no terminen como lo demás: con más muerte y más sangre”.
La lucha continúa
De Grazia relató que dos de los sobrevivientes habían admitido declarar con la condición de que no los entregaran y que habían llegado a un acuerdo con la Fiscalía para que mantuviera ocultas sus identidades. Esto no pasó.
“La Fiscalía los entregó. Se los puso en bandeja de plata a la GNB, cuando el acuerdo era otro”. Aseguró que la comitiva de la guardia presente no se pudo llevar a los testigos porque “el pueblo casi quemó el Ministerio para protegerlos” y que de ahora en adelante “le tocará al pueblo resguardarlos”. Subrayó que lo que comentaron los sobrevivientes es lo que vincula supuestamente a las autoridades con “El Topo”.
Esta semana los familiares se trasladarán Caracas, apoyados por la Mesa de la Unidad Democrática para que narren lo sucedido y planean dar testimonios a las diversas ONG de Derechos Humanos que funcionan en el país y luego lo elevarán a instancias internacionales, para intentar esclarecer el caso. “No puede haber un silencio cómplice. No podemos ser indiferentes ante el dolor de las madres y padres”, dijo.
Comparó lo sucedido en Tumeremo con lo que pasó en 2014 en la ciudad mexicana de Iguala, donde la policía municipal desapareció a 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
“Si esta gente aparece feliz y sana, ojalá, yo le pido perdón públicamente a Francisco Rangel Gómez. Sino, él por vergüenza debería abandonar el cargo”, puntualizó.
Fotos: Correo del Caroní