Durante una serie de operativos sorpresa que se realizaron en cárceles de los estados Guárico y Lara, las autoridades detuvieron a dos directores y nueve funcionarios del Ministerio de Servicios Penitenciarios, denunció el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
La ONG, que defiende los derechos humanos de las y los privados de libertad, ha denunciado en múltiples ocasiones las numerosas quejas por corrupción en los recintos penitenciarios de Venezuela. Esta práctica se ha convertido en un lucrativo negocio para los funcionarios involucrados.
La organización informó que, en un operativo que se realizó en los últimos días del mes de enero, funcionarios de la Guardia Nacional y custodios penitenciarios descubrieron una gran cantidad de objetos ilícitos en dos cárceles.
En el centro penitenciario 26 de Julio, del estado Guárico, el director y un custodio fueron detenidos, mientras que el 25 de febrero en la cárcel de Fénix, en el estado Lara, nueve personas, incluyendo al director y siete custodios, fueron arrestadas.
Los arrestos en Guárico los llevó a cabo el Grupo de Respuesta Inmediata (GRI) del Ministerio de Servicios Penitenciarios, que tomó el penal por sorpresa. Los efectivos encontraron más de 500 teléfonos celulares y sustancias estupefacientes, así como otros objetos ilícitos que estaban en manos de los privados de libertad.
Durante la requisa en la cárcel de Fénix Lara, a los presos los sometieron a condiciones inhumanas, como largas horas de espera sin alimentación ni agua, lo que provocó desmayos, especialmente entre los más vulnerables.
Los funcionarios presuntamente encontraron una plantación de marihuana dentro de la cárcel, otros tipos de sustancias estupefacientes, bebidas, pastillas, más de 500 teléfonos celulares, entre otros objetos.
Qué denunció el OVP
“Desde pagos por la visita conyugal hasta el ingreso de alimentos, en el OVP hemos denunciado cómo algunos directores y funcionarios están haciendo de las suyas a costa del sufrimiento de los presos y sus familiares, quienes al fin y al cabo son quienes deben procurar el pago extorsivo para ayudar a sus seres queridos”, dice el comunicado.
La organización señaló que, a pesar de los operativos previos anunciados por voceros del gobierno de Nicolás Maduro, desde noviembre de 2023, no se logró erradicar la corrupción ni mejorar las condiciones carcelarias. Por el contrario, se incrementó el hacinamiento y se permitió la fuga de pranes peligrosos.
El OVP ha documentado cómo los funcionarios del Ministerio de Servicios Penitenciarios exigen sobornos a los familiares de los reclusos a cambio de diversos beneficios. Esta situación ha generado un sufrimiento adicional tanto para los presos como para sus seres queridos.
La organización rechaza cualquier forma de castigo inhumano contra los presos y exige que las requisas se realicen con respeto a los derechos humanos. El OVP destaca la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas por parte del Ministerio de Servicios Penitenciarios.