Este sábado 10 de diciembre se cumplen 15 días del anuncio oficial que corroboró las preocupaciones de organizaciones civiles en Venezuela y las de países como Argentina y Canadá acerca de las ejecuciones extrajudiciales.
Hoy, mientras el mundo conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos 12 familias en Barlovento (Miranda) y 9 en Cariaco (Sucre) permanecen de luto porque lo que era un operativo de seguridad ejecutado por militares se convirtió en una masacre.
Hace un mes el Estado venezolano, representado en 40 voceros del Ejecutivo nacional, se paró ante 103 países para exponer cómo se encuentra el cumplimiento de los acuerdos suscritos a través de la Organización de Naciones Unidos.
Allí la delegación de Argentina manifestó su preocupación por las ejecuciones extrajudiciales por lo que recomendó a Venezuela que se atendieran las denuncias sobre esta vulneración de los derechos humanos; y Canadá pidió que se eliminaran los Operativos de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) por considerar que dentro de estos despliegues se viola el derecho a la vida.
Esta semana la Fiscalía informó que son 17 los militares que están procesados por el caso de Barlovento y finalmente alcanzó la identificación de las 12 osamentas que localizaron en una fosa común en El Café del municipio Acevedo estado Miranda. Los 12 cuerpos identificados son los de Carlos Marchena, Eliecer Ramírez, Anthony Vargas, Antonio Aladejo, Luis Sanza, Dennys Acevedo, Héctor Rodríguez, Yorman Mejías, Freddy Hernández, Víctor Martínez, Jairo Rivas y Kenry González. Días después de encontrar la fosa común se localizó el cuerpo de Junior Meneses, adolescente también detenido y torturado por el Batallón Caribe 323 del Ejército.
Venezuela aseguró que en marzo de 2017 daría respuesta a las recomendaciones que dieron sus pares luego de escuchar las declaraciones de la canciller Delcy Rodríguez durante el Examen Periódico Universal que se realiza a los países miembros de la ONU.
Sin embargo, se comprometió voluntariamente con 24 medidas relacionadas con el sistema penitenciario, seguridad ciudadana, formación de funcionarios, carrera judicial y fiscal, economía, prevención del embarazo temprano y mortalidad materna, poder popular, alimentación, acceso a la educación universitaria, diversidad sexual, derechos de la mujer, tráfico de personas y atención a las personas con discapacidades.
“Las 274 recomendaciones serán examinadas por Venezuela y la respuesta se brindará a más tardar en el próximo período de sesiones que se celebrará en marzo del año que viene”, recordó el delegado de Nigeria al finalizar la EPU.
La deuda se extiende así hasta el final del primer trimestre del 2017 y queda la duda de si el Ejecutivo nacional estará dispuesto a aprobar recomendaciones sobre la libertad de expresión (tema mencionado por al menos 30 países según la cobertura de Runrunes en Ginebra), la liberación de presos políticos, la lucha contra las ejecuciones extrajudiciales, el respeto a la separación de los poderes y el hacinamiento carcelario.
El termómetro del país
Para Carlos Correa, director de Espacio Público, no es una sorpresa que en el informe final del EPU 2016 se encuentren más de 40 recomendaciones sobre la libertad de expresión pues para él éste derecho es el termómetro de la situación del país.
“Si tienes un país en el que se cercena este derecho entonces tienes un país en el que se trata de ocultar los problemas y se persigue o amenaza a los periodistas por visibilizarlos”, explicó el especialista en el área y recordó que en Venezuela no existe la garantía de acceso a la información pública.
Según registro de Espacio Público entre enero y noviembre de este año hubo 335 violaciones al derecho de la libertad de expresión, la mayoría relacionadas con la censura, intimidación y restricciones administrativas; mientras que en todo 2015 la misma organización recogió 237 denuncias de violación a la libertad de expresión.
Libertad o pena del destierro
Libertad para los presos políticos fue una petición recurrente entre los países que asistieron a la revisión. Estados Unidos y Canadá fueron algunos de ellos. “El Gobierno venezolano niega la existencia de los presos políticos; sin embargo en la mesa de diálogo entre opositores y oficialistas, el Gobierno negocia libertades de estos detenidos como si fuesen rehenes”, precisó el abogado penal y defensor de derechos humanos, Joel García.
Se preguntó si la ONU sabe cómo en este año al menos tres presos políticos fueron liberados bajo la condición de que se fueran del país. “Cuidado si no vienen más decisiones como la que marcó el caso de Alejnadro Puglia, Francisco Márquez y Gabriel San Miguel. Se están dando penas de destierro en vez de libertades”, sentenció García.
Este sábado 10 de diciembre, Día Internacional de Derechos Humanos, hay 108 presos políticos de los cuales 11 tienen una semana en huelga de hambre para exigir su liberación.
Deuda republicana
“En el país nunca ha habido un Poder Judicial independiente, así que la independencia de poderes es una deuda que tiene el país consigo mismo, es una deuda republicana”, manifestó Ali Daniels Pinto, constitucionalista y representante de Acceso a la Justicia.
Nombró como ejemplo de esta situación la petición de un miembro del partido del Gobierno al Tribunal Supremo de Justicia que sean ellos los que decidan quiénes son los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral en vez de acatar lo que establece la Constitución: los rectores del Poder Electoral deben ser elegidos por la Asamblea Nacional.
También resaltó las 36 sentencias de la Sala Constitucional del TSJ que han mermado las funciones de la Asamblea Nacional.
Cree que con la posibilidad de que exista una real carrera judicial es una manera de obtener la independencia de poderes. “No puede ser que tengamos magistrados que no hayan sido jueces y si los han sido sean provisorios. Desde 2003 no se hace concurso público, único requisito que establece la Constitución para ser magistrados. Pero al poder no le interesa que exista el concurso público porque a esos jueces no los puedes remover con solo un oficio”, expresó el constitucionalista.