Está sentado sobre una silla portátil y observa el bululú de cámaras, periodistas, abogados y familiares desesperado. Es la segunda vez que sigue la noticia en silencio, aunque es uno de los principales afectados por ella. Su hija, Grisel Marcano, está presa sin derecho a defenderse. Desde hace dos años no pisa un juzgado porque sus aprehensores no la llevan a tribunales.
En 2016, Grisel Arlen Marcano Fernández, de 33 años de edad, pasó de ser la directora ejecutiva de una institución a una privada de libertad. Según su padre, Antonio Marcano, ella quedó implicada en un caso de estafa de apartamentos de la Misión Vivienda. “La inculparon a ella y más bien fue una de las personas estafadas“, expuso Antonio.
Ahora ella es parte de los detenidos en El Helicoide sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas. Sus parientes tienen dos meses sin verla, desde la primera vez que los presos se amotinaron, el 16 de mayo. Ese día los detenidos por razones políticas y comunes se alzaron para exigir traslados y excarcelaciones autorizadas por un juez.
Para ese momento se estimaba que había 193 detenidos en El Helicoide y 30 de ellos eran mujeres. En menos de un día de protesta, trasladaron hacia cárceles formales a 72 detenidos por delitos comunes; mientras que los presos políticos tuvieron que esperar un mes para que sus derechos fuesen cumplidos.
En total excarcelaron entre el 1 de junio al 15 de junio a 61 personas apresadas por razones políticas. Fue una medida que tomó la Asamblea Nacional Constituyente por decisión del presidente Nicolás Maduro.
Con el resto de detenidos nada pasó. Quedaron personas con boletas de excarcelación presas y otros con citas en tribunales sin cumplir. Por eso, el 9 de julio hubo otro motín; pero esta vez, el Gobierno no cedió. Entre los privados de libertad sin beneficios se encuentra Grisel Arlen Marcano Fernández.
La carpeta
El 14 de julio de 2016 funcionarios del Sebin aprehendieron a Jean Carlos Correa, un mensajero de la Superintendencia de Gestión Agroalimentaria. Al parecer este hombre había ofrecido a 14 personas de la empresa un cupo para la adjudicación de un inmueble de la Misión Vivienda. Grisel era su supervisora.
En la noche, la joven recibió varias llamadas de números desconocidos y una era de su jefe. El relato de Antonio, su padre, explica que le solicitaron que acudiera a la sede del Sebin en Plaza Venezuela “para aclarar unos asuntos”. A las 11:45 pm, este padre no volvió a ver en libertad a una de sus cuatro hijas.
“Ella se presentó y la dejaron detenida. Tres días después la presentaron en tribunales y le imputaron estafa, agavillamiento y tráfico de influencias“, manifestó el hombre, quien aclaró que ella fue parte de las 14 víctimas de Correa.
Grisel tuvo una segunda oportunidad de defenderse después de cuatro meses en el Tribunal 34° de Control del Área Metropolitana de Caracas. Ese día el juez desestimó los delitos de agavillamiento y tráfico de de influencias. Ahora esta joven es procesada por el delito de cómplice necesario de estafa.
En una carpeta, Antonio lleva el proceso de su hija. Tiene cada documento redactado y entregado a un ente del sistema de justicia (Defensoría del Pueblo, Fiscalía y Tribunal Supremo de Justicia). También guarda la carta entregada a la Asamblea Nacional Constituyente. Todos tienen su respectivo sello de recibido, sin respuesta.
La lucha por Marcano
Antonio tiene 67 años de edad. Es un docente que no da clases porque debe velar por su hija en El Helicoide. Aunque es parte del grupo etario conocido como tercera edad, pasa día a día en las afueras del Sebin. Quiere ver a su hija.
El 10 de julio de este año, nuevamente pagó plantón en la entrada de El Helicoide. Era el segundo día del segundo motín de presos. Junto a su esposa sufrió las consecuencias de pelear por sus derechos: la incomunicación.
La condición de salud de su hija es la mayor preocupación. Grisel padece hipertiroidismo y cervicalgia. “Debe hacer un chequeo cada tres meses y tiene dos años sin ser vista por un médico. Además requiere seguir una dieta específica. Hemos solicitado una medida cautelar por su salud y el juez se limitó a decir que se pronuncia en tribunales. ¿Cuándo será eso sino hay traslados?”, se pregunta el sexagenario.
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